Nueva York. Figuran en el arsenal de casi cualquier país y fueron un recurso común de los Ejércitos desde la Segunda Guerra Mundial, pero las bombas de racimo, que según los expertos matan con gran diferencia más civiles que soldados tienen las horas contadas. La convención sobre bombas de racimo que entró en vigor ayer prohíbe este arma tan mortífera como indiscriminada. Pero mientras instituciones de todo el mundo saludaron la prohibición, la convención no está suscrita por Rusia, Estados Unidos y China, presuntamente los mayores fabricantes de estas armas.

Las bombas de racimo se abren en el aire y diseminan multitud de pequeñas granadas, incluso centenares, según el modelo. Lanzadas con artillería pueden desatar una verdadera lluvia de explosivos que convierte el campo de batalla en un infierno. Es una estrategia utilizada, por ejemplo, para destruir vehículos de todo tipo e, incluso, tanques, mucho más vulnerables en la parte superior que en los costados. Y, por supuesto, para matar personas.

"El problema es que la munición no distingue entre civiles y soldados", explica Thomas Küchenmeister, director de la organización alemana contra las bombas de racimo Aktionsbündnisses Landmine.de. Según el experto, "hay investigaciones internacionales que cifran en un 98% las víctimas civiles de las bombas de racimo". El motivo: este tipo de armamento suele utilizarse para "limpiar" terrenos del tamaño de un campo de fútbol y arrasar indiscriminadamente con quien se encuentre en el lugar.

"Pero el mayor peligro son las granadas que no estallan", señala Steve Goose, de Human Rights Watch. "Incluso con los tipos de munición mejores y más modernos se da una tasa de entre un cinco y un diez por ciento de granadas que no explotan". La lista de conflictos donde se han utilizado bombas de racimo es interminable. Entre los casos más recientes, la OTAN las usó en la guerra por Kosovo en 1999; Estados Unidos lo hizo en Irak en 2003; Israel y Hizbollah en el Líbano en 2006, y Rusia y Georgia en su guerra de 2008. Según la ONU, entre 1978 y 2000 se desactivaron más de 1,6 millones de granadas en campos, calles y pueblos de todo el mundo. En ese mismo periodo murieron 2.812 personas por explosivos sin estallar. Entre las víctimas apenas hubo soldados.