vitoria. El pasado 22 de diciembre, el Parlamento Vasco aprobó una resolución unánime en la que emplazaba a la Dirección de Atención a las Víctimas a elaborar un informe que recoja al centenar largo de fallecidos a causa de la violencia de elementos policiales y grupos de extrema derecha a finales de los setenta y principios de los ochenta. El plazo se ha cumplido y el informe no ha llegado al Parlamento, ni lo hará hasta septiembre, lo que para Aralar supone que Interior mantiene su "tónica de profundizar en el reconocimiento y homenaje a las víctimas de ETA y relegar, para una mejor ocasión, a las otras víctimas".

La Dirección de Atención a las Víctimas no presentará el informe hasta después de las vacaciones para recabar el mayor consenso posible entre los partidos, aunque estos aún no han tenido noticias sobre el plan del Ejecutivo a este respecto. En todo caso, el Gobierno no quiere que vuelva a suceder un episodio como el que se vivió con el Plan de Convivencia, cuando la premura a la hora de presentarlo hizo que se bloqueara en el Parlamento.

Con su petición de un informe sobre las víctimas de motivación política, los grupos perseguían cubrir al último colectivo no reconocido por las instituciones, pues son los únicos damnificados por el terrorismo no recogidos en la Ley de Reconocimiento de 2008. Ya entonces, la oficina que dirige Maixabel Lasa presentó un estudio preliminar que identificaba a este sector de ciudadanos, todavía con el Gobierno de Juan José Ibarretxe.

PP y PSE criticaron el trabajo efectuado por el director de Derechos Humanos, Jon Landa, pero dos años más tarde, y para sorpresa de Aralar, el grupo que propuso avanzar en esta materia, su iniciativa fue aprobada por unanimidad. La formación abertzale es crítica con el retraso en la presentación del informe, pero al menos lo considera un "mal menor", si sirve para avanzar en el consenso sobre las víctimas del terrorismo, materia en la que, con altibajos, los partidos vascos han avanzado mucho en los últimos dos años.