Vitoria. La Dirección de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco se reunirá con el organismo homólogo del Ministerio del Interior para estudiar la vía que permita reservar plazas en las oposiciones a empleos públicos a los damnificados por el terrorismo.

Según consta en la respuesta aportada por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, a una pregunta del parlamentario del PP Carlos Urquijo, "en los próximos días" se celebrará un encuentro llamado a desatascar el principal problema al que se enfrenta esta medida. El Estatuto Básico del Empleado Público choca frontalmente con la Ley de Víctimas vasca, que establece esta discriminación positiva.

Sin embargo, el Gobierno de España trabaja en una iniciativa legislativa sobre víctimas del terrorismo que, a juicio del Ejecutivo Vasco, podría servir para abordar la reforma de la ley de función pública estatal. De ello tratarán de convencer a los responsables del Ministerio, con la resolución aprobada por el Parlamento Vasco el pasado mes de noviembre en la mano, los responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas.

Hace ahora medio año, PSE, PNV y PP unieron sus votos para pedir al Gobierno central la reforma de la ley que regula las condiciones de acceso a las OPE, pese a que desde la propia Oficina de Víctimas, adscrita al Departamento de Interior, se dudaba de la demanda que podrían tener estas cuotas entre los damnificados por el terrorismo.

Para conocer en detalle hasta qué punto sería relevante esa demanda, el Departamento de Interior elaborará un estudio sobre las consecuencias que en el ámbito laboral y profesional acarrea el haber sido víctima de un atentado. "Una vez desbloqueado el inconveniente legislativo conocido, o incluso sin esperar a que se produzca tal situación", señala Interior, se redactará un paquete de medidas derivado de las conclusiones del citado estudio, entre ellas "una eventual reserva de plazas para dichas personas en las ofertas públicas de empleo".

La propia Ley de Víctimas vasca entrará en el detalle de este tipo de medidas cuando se desarrolle su reglamento, un trámite que, según confirmaron ayer fuentes de Interior, se demorará más allá del verano. Aunque la redacción del texto ya ha concluido, éste ha de pasar por todos los trámites burocráticos que exige la elaboración de una ley, entre ellas el visto bueno de la COJUA (Comisión Jurídica Asesora ). Este organismo independiente cuenta con dos meses para revisar los textos legales del Gobierno Vasco.

Subvenciones en 2010 Entre otras cosas, el reglamento regulará en detalle la concesión de subvenciones a las asociaciones y fundaciones de damnificados por el terrorismo, un ámbito en el que el Consejo de Participación de Víctimas ha detectado disfunciones. En ese sentido, ayer se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la orden que establece las ayudas a estas entidades para 2010, que ascienden a 550.000 euros.