Vitoria. Ahorrar 100 millones de euros en el gasto público de 2010. Ése es el objetivo que debe cumplir el Gobierno Vasco en aplicación del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de ajuste del déficit público. Tanto el lehendakari, la semana pasada, como la portavoz del Ejecutivo vasco, el pasado martes, habían perfilado ya que la rebaja de salarios a los funcionarios en Euskadi se reduciría en un 2%, aplicando el objetivo fijado por el Estado del 5% a la masa salarial.
Ayer, el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, afinó un poco más, y situó el margen de ese ajuste salarial progresivo entre el 0,56% y el 2,86%, un tijeretazo amortiguado con respecto al Estado que los empleados públicos notarán ya a partir de la nómina de julio, aunque ésta incorporará también los descuentos de junio, y que ayer recibió el rechazo unánime de los sindicatos en la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración Pública.
Esta medida de reducción de sueldos -que se extiende también a directores y altos cargos del Ejecutivo autonómico- supondrá, según calculó el viceconsejero, un ahorro de 50,49 millones de euros este año, prácticamente la mitad de los casi cien millones exigidos por el Real Decreto del Estado.
El montante restante, 49,2 millones de euros, se pretende cubrir con otras medidas complementarias, que inciden fundamentalmente sobre el absentismo, las sustituciones de plazas vacantes y la aportación al fondo de previsión social Itzarri, recortes con los que el Gobierno Vasco espera lograr un ahorro de otros 60 millones de euros. Concretamente, estas medidas adicionales prevén amortizar las 166 plazas vacantes por jubilación y las 138 plazas que hayan estado vacantes doce meses o más, reducir el absentismo laboral en la Administración en un 1% -el viceconsejero no quiso detallar cuál es el porcentaje actual, pero habló de iniciar una "guerra contra el absentismo", incluso "el presencial"- y rebajar las aportaciones a Itzarri del 3 al 1,5%.
menos sustituciones Además, el Gobierno Vasco se propone reducir en un 8% anual el gasto total por sustituciones. Con carácter general, y respetando "las salvedades expresadas en los convenios de aplicación", la idea del Ejecutivo es que Educación, Justicia, Interior y Osakidetza eviten contrataciones por sustitución para periodos inferiores a cinco días, mientras que en la Administración General no se sustituirá ninguna ausencia inferior a un mes.
Este paquete de medidas, contenidas en un proyecto de ley que previsiblemente será aprobado en Consejo de Gobierno el próximo martes y que tendrá un trámite fulgurante en el Parlamento Vasco para que entre en vigor para julio, fue presentado ayer por Ramos a la representación sindical -ELA, CCOO y UGT- en la Mesa General de la Administración Pública, rompiendo implícitamente el difícil acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre que, entre otras cosas, fijaba un incremento salarial del 0,3% para 2010.
rechazo sindical Y es que los sindicatos trasladaron al viceconsejero su rechazo a que el Gobierno Vasco repercuta al funcionariado en Euskadi las medidas previstas en el Real Decreto, al margen de que Ramos subrayara que esta legislación es "de obligado cumplimiento".
En un comunicado, ELA no dudó en calificar la reunión de ayer como la ruptura por parte del Gobierno Vasco del acuerdo de la Mesa General -que este sindicato considera incumplido en algunos aspectos-, denunciando "que se pretende aprovechar una ley excepcional de recorte salarial para destruir empleo público, ya que, entre las medidas, se ha anunciado amortizaciones de plazas y la no cobertura de sustituciones". CCOO-Euskadi ya había emplazado previamente a discutir este ajuste en las comisiones paritarias y rechazado el impacto del ajuste del Estado sobre el funcionariado vasco, al igual que UGT-Euskadi, que ya había acusado el miércoles al Gobierno Vasco de "no respetar" los acuerdos y convenios de empleados y trabajadores de las empresas públicas. Estos dos sindicatos tienen prevista una huelga a nivel estatal el próximo martes, que hoy en rueda de prensa extenderán a las empresas públicas vascas.
