madrid. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, rechazó ayer tramitar la petición que le hiciera el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que anulara la apertura de juicio oral contra él por un presunto delito de prevaricación al investigar, sin tener competencia para ello, las desapariciones durante el franquismo.

En su resolución, el magistrado que instruye esta causa le dice a Garzón que no cabe "tachar de precipitada la decisión sobre la apertura del juicio oral", tal y como la calificaba la defensa del juez, puesto que el recurso que interpuso Garzón ante la Sala solicitando la nulidad de los escritos de las acusaciones, que aún está pendiente de resolverse, "carece de efectos suspensivos". Varela justifica su negativa a tan siquiera tramitar esta petición en el hecho de que lo alegado por Garzón está ya sometido al criterio a la Sala competente para el enjuiciamiento, mediante los recursos en los que el juez procesado pide que se anule el escrito de acusación en el que Manos Limpias pide para él 20 años de inhabilitación. Por ello, Varela señala que "no cabe que el instructor incida sobre dicha pretensión" y dispone que "no ha lugar" a tramitar la instancia de nulidad de actuaciones formulada.

Por otra parte y en relación a la segunda de las causas abiertas contra Garzón en el Supremo, la referente a sus cobros en Nueva York entre 2005 y 2006, el ex presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, afirmó ayer ante el Alto Tribunal que su entidad patrocinó unas conferencias sobre terrorismo dirigidas por el ya ex magistrado de la Audiencia Nacional en la Universidad de Nueva York, porque le parecieron de interés, ya que la petrolera estaba amenazada por ETA. Así lo manifestó Pérez de Bricio durante su declaración como testigo, que se prolongó por espacio de hora y media, ante el magistrado Manuel Marchena, instructor de esta causa.

Cepsa donó 100.000 dólares al centro educativo en 2005 para financiar esas conferencias (y el sueldo de Garzón como ponente). Pérez de Bricio entregó ante el Supremo cartas que confirman que otras entidades también participaron como BBVA, Caixa Catalunya y Endesa.