ERAN las diez de la noche y aún no había fumata blanca, tras más de cinco horas de intenso debate. La comunidad educativa, que se enteró por la prensa de las intenciones del Gobierno Vasco con respecto a la reformulación del Plan de Educación para la Paz del lehendakari Ibarretxe, rebautizado como Convivencia democrática y Deslegitimación de la Violencia, trataba de responder a Lakua de forma unitaria. Al cierre de esta edición, aún no habían cerrado un acuerdo.

Tales eran las diferencias entre los componentes de la comisión permanente del Consejo Escolar, que antes de entrar a la reunión convocaron a los medios para el día siguiente, hoy, y se prepararon para cerrar la reunión con una votación individual que desbloqueara la situación.

Profesores, padres, alumnos y sindicatos estudian el texto desde hace poco más de una semana y parten de posiciones tan dispares como las que en cualquier materia puedan mostrar Ikasle Abertzaleak, CCOO, ELA, el Sindicato de Estudiantes, Eudel o la FECAPP, la Federación Católica de Padres de Familia y de Padres de Alumnos de Bizkaia. Sólo coinciden en una cosa, se les debía haber consultado antes.

Y principalmente es por esta razón por la que, al igual que ha ocurrido con la oposición, el documento ha sido bloqueado en espera de que el Ejecutivo empiece la casa por los cimientos.

A Lakua le han fallado los tiempos. Lanzó su reformulación y pidió después adhesiones incondicionales apelando a que la defensa de los Derechos Humanos une a todos los demócratas, pero se encontró entonces con el rechazo de los partidos nacionalistas y de profesores, padres y centros educativos.

En el Gobierno no entendían muy bien las razones. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, pidió a todos los agentes implicados que leyeran el documento antes de criticarlo, ignorando que en general han molestado más las formas que el fondo. Lo demuestra el hecho de que el PNV es partidario de llevar a las víctimas a las aulas y de que el PSE no se va a limitar a exponer en clase la experiencia de los damnificados por ETA. Al final, la Ley de Víctimas de 2008 da las pautas generales a seguir.

Así, parece que el plan de Ibarretxe -el de Educación- no era tan malo, y que las condiciones que pide el PNV para respaldar su reformulación pasan principalmente por no denostar el texto original y dejar a los jeltzales como un partido tibio y equidistante, palabra utilizada no hace mucho para definir el Plan de Educación para la Paz del tripartito. Formas, más que fondo.

En esa primera fase de lanzamiento de un plan que podía haber sido la guinda al proceso de normalización, el Gobierno se olvidó de la comunidad educativa. Asociaciones de padres, alumnos y federaciones se sintieron ninguneados cuando leyeron en los periódicos las intenciones del Ejecutivo autónomo en una materia tan sensible.

En el Consejo de Gobierno del 20 de abril, la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, anunció una prórroga de dos semanas del periodo de aportaciones al documento, visto el rechazo generalizado fuera del respaldo del PP y UPyD. Ese mismo día, Denon Eskola, la asociación que representa a los centros públicos vascos, recibió el borrador por parte del Consejo Escolar. En idéntica situación se vieron los sindicatos con presencia en la enseñanza, y lo que en principio era una disputa esencialmente circunscrita al ámbito político, salió a la calle.