Madrid. El Gobierno, pese a respaldar la independencia del poder judicial, estima que no se sostienen las acusaciones contra el juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo y, a través de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha pedido que se archive la causa. El argumento formal esgrimido es que las acusaciones populares, ejercidas por el sindicato ultra Manos Limpias, por Falange Española de las JONS y por la asociación Libertad e Identidad, "carecen de legitimación procesal".
Así consta en el escrito remitido por la Fiscalía al magistrado instructor de la causa, Luciano Varela, en el que insiste además en que los hechos por los que se investiga al juez de la Audiencia Nacional "no son constitutivos de delito".
La Fiscalía, órgano que depende del poder Ejecutivo, aprovecha el escrito para poner de manifiesto las contradiciones del instructor del Supremo Luciano Varela, ya que en el caso Atutxa se pronunció a favor de restringir la acción popular en el procedimiento contra el entonces presidente del Parlamento Vasco. El Ministerio Público, en su escrito de 7 páginas, contrapone las doctrinas de la sentencia de este caso, en el que la única acusación era Manos Limpias y en contra de la cual se posicionó Varela, con la del caso Botín, en la que se paralizó la causa porque sólo la impulsaba la acusación particular y no el Ministerio Público. "En este punto resulta muy conveniente traer a colación la acertada postura que el excelentísimo magistrado instructor de esta causa especial mantuvo entonces a través de su razonado voto particular", recuerda la Fiscalía, en alusión al voto discrepante que Varela emitió en el caso Atutxa (se condenó al ex presidente del Parlamento Vasco por desobedecer al Supremo al no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak en la Cámara de Gazteiz). La Fiscalía mantiene que la acusación popular "sólo podrá ejercitarse en los procesos que la ley determine" y la legislación, concluye, "ha querido excluirla de la capacidad de provocar, por sí misma, y en solitario, la apertura de juicio oral".
segunda vez Sin embargo es previsible que este recurso no prospere ya que Varela ya rechazó el pasado 4 de febrero sobreseer la causa al entender que en la actuación de Garzón concurren todos los elementos del delito de prevaricación castigado "con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de diez a veinte años". El magistrado instructor del Tribunal Supremo también sostuvo que no era necesaria la práctica de más pruebas para esclarecer los hechos y denegó todas las solicitadas por Garzón.
