MADRID. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el magistrado ha adoptado esta decisión tras tomarles declaración esta mañana y después de que el fiscal Luis Barroso no haya pedido su ingreso en prisión provisional por la debilidad de los indicios que hay en su contra.
Pasadas las tres de la tarde, Gallastegui y Landa, hermano del ex parlamentario de Batasuna Karmelo Landa, han abandonado la Audiencia Nacional, en cuya puerta les esperaban una decena de familiares y simpatizantes que los han recibido entre aplausos.
Antes de interrogar a estos dos acusados, el magistrado, que ha interrumpido las declaraciones para comer, ha tomado declaración a Naia Zuriarrain y a los tres abogados detenidos en esta operación contra los presuntos "enlaces" de ETA con sus presos, que se saldó con un total de diez detenciones.
Los letrados son Arantza Zulueta, una de las voces habituales entre los letrados de la izquierda abertzale; Jon Enparantza, que representa a la familia del fallecido Jon Anza, y el ex futbolista de la Real Sociedad Iker Sarriegi.
Según han informado a Efe fuentes fiscales, el fiscal Luis Barroso tiene previsto solicitar el ingreso en prisión para estos cuatro acusados, que han comparecido ante el juez en situación de incomunicación (con un abogado de oficio).
El resto de imputados a los que Grande-Marlaska acusa de los delitos de integración en organización terrorista o colaboración con ETA y que interrogará esta tarde son: la responsable de Etxerat Saioa Agirre Arauko, el veterano etarra José Domingo Aizpurua Aizpuru, el miembro jubilado de LAB Juan Maria Jauregi Zalakain y el ingeniero Asier Etxabe Azkue.
El magistrado coordinó esta operación desarrollada por la Guardia Civil, en la que también ha colaborado la Policía francesa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que posibilitó el arresto el pasado viernes en Hendaia del presunto jefe del grupo de letrados que hacían, presuntamente, de enlace entre la cúpula de ETA y los presos de la banda, David Pla.
Dicha operación contra lo que el Ministerio del Interior ha denominado el "Colectivo de Abogados de apoyo a ETA" fue posible gracias a la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, "Thierry", responsable del aparato político de ETA, detenido en mayo del 2008 en Burdeos.