MADRID. En un comunicado, Falange -uno de los tres querellantes contra el juez de la Audiencia Nacional, junto al sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad- señala que Garzón pretendió desde su juzgado "hacer una causa política para la que sabía que no era competente".
Según añaden, el juez "replicó a la legalidad vigente, obviando los principios de legalidad, imperio de la Ley, prescripción de los delitos, irretroactividad de la Ley Penal, así como refutó la Ley de Amnistía de 1977".
En su escrito Falange califica los hechos de prevaricación por el que reclama para Garzón la pena de 24 meses de multa e inhabilitación por 20 años y hace responsable al magistrado de los gastos ocasionados a la Administración Pública con motivo de la instrucción de la causa, por lo que ha pedido al Alto Tribunal que se le exija al juez una fianza de 300.000 euros.
El partido político explica que Garzón actuó "por su interés en trasladar a la opinión pública sus tesis políticas y por su interés en acaparar el control de las exhumaciones que se pretendían llevar a cabo".
"Como muestra de su desmesurada actuación proveyó sobre la fosa donde se presumía que estaban los restos de Federico García Lorca y sobre la demolición de la cárcel de Carabanchel", añade en el comunicado.
El pasado 7 de abril el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por estos hechos y dio a las partes un plazo de diez días para que presenten escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
Varela en su auto, que ha recurrido Garzón, dice que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, castigado "con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años".
La Fiscalía tiene previsto presentar su escrito en los próximos días, mientras que Manos Limpias lo hará mañana.
