madrid. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, acordó ayer tomar declaración en calidad de imputados el próximo miércoles a la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y a Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, delegado de la trama liderada por Correa en la Comunidad Valenciana. Pedreira también interrogará la próxima semana, esta vez el jueves, a Antoine Sánchez, primo del presunto responsable de la trama de corrupción ligada a cargos del PP.

Estas diligencias son las primeras que lleva a cabo el instructor del caso Gürtel después de que, el pasado 6 de abril, levantara el secreto de sumario que pesaba sobre la causa.

Según el sumario, Bárcenas y su mujer invirtieron más de un millón de euros en bienes patrimoniales entre 2006 y 2008, la mayor parte en una vivienda en el Valle de Arán (Lérida), valorada en 899.000 euros. Así consta en un informe policial fechado el 8 de mayo de 2009 y en el que se analiza documentación intervenida sobre la caja B que llevaba José Luis Izquierdo, contable de Correa. Para financiar dichas adquisiciones, sólo consta una hipoteca cancelada por Bárcenas por valor de 240.404 euros, "siendo el resto de compras de bienes de naturaleza inmobiliaria realizadas sin recurrir a financiación externa, por tanto empleando recursos propios".

Rosalía Iglesias ha sido citada a las 13.00 horas del próximo día 21, tres horas después de que comparezca Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado el hombre de confianza de Correa en Valencia, donde dirigía la empresa Orange Market, que obtuvo numerosos contratos del Gobierno regional y del PP valenciano. Pérez es el responsable además de todos los regalos y dádivas repartidos por Correa a políticos valencianos del PP, desde el presidente Camps a la alcaldesa de la capital, Rita Barberá.

Finalmente, la declaración de Antoine Sánchez se producirá a las 10.00 horas del día 22 y será la segunda que preste ante Pedreira desde que éste asumió la investigación. El 27 de julio de 2009 el juez decretó la prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros para Sánchez, que permanece encarcelado porque no ha podido pagar cantidad alguna.