GASTEIZ. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela resolvió, el pasado 7 de abril, proceder penalmente contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, que habría cometido al investigar las desapariciones durante el franquismo. La decisión de Varela se produjo a instancias de las actuaciones emprendidas por Falange y Manos Limpias.
Además, la presentación de la iniciativa del PSE se produce el mismo día en que Garzón debe volver al Tribunal Supremo para declarar como imputado por cohecho y prevaricación en la causa que instruye el juez Manuel Marchena. Garzón deberá aclarar si pidió dinero al Banco Santander cuando se trasladó a la Universidad de Nueva York con una licencia de estudios entre marzo del 2005 y junio del 2006 para patrocinar los cursos que allí impartió.
En el texto registrado por los socialistas en la Cámara vasca se destaca "la indudable trayectoria democrática y al servicio de la Democracia" de Garzón, de quien se destaca que "ha contribuido de manera significada al asentamiento de las libertades y del Estado de Derecho en España".
Por ese motivo, el PSE muestra su "solidaridad y apoyo" al juez "ante la campaña de acoso a la que está siendo sometido por grupos de ultraderecha por su investigación judicial de los crímenes del franquismo".
En el texto, se traslada el apoyo a la investigación judicial de Garzón, de la que se afirma que está "soportada en el Derecho Internacional". Además, el PSE considera "ofensivo para la dignidad democrática" que el juez de la Audiencia Nacional "vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por una querella de los herederos ideológicos de Franco, entre ellos el partido Falange Española".
En esta línea, los socialistas vascos muestran su "preocupación" por "las maniobras de partidos y organizaciones de extrema derecha para tratar de hacer del Poder Judicial un instrumento al servicio de sus intereses y de sus propósitos desestabilizadores".
Esta situación, a su juicio, "obliga a reflexionar seriamente sobre determinados aspectos del procedimiento judicial, como es el papel que juega la utilización perversa de uno de los grandes logros del sistema judicial democrático, como la figura de la acusación popular".
La iniciativa, cuyo primer punto expresa el "máximo respeto" a la separación de poderes y a la independencia de la Justicia, apuesta por "mantener e intensificar las acciones destinadas a construir una política de memoria basada en el conocimiento de la Historia, en la recuperación de la dignidad y la memoria de quienes padecieron la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como en la defensa de los principios democráticos".
