La defensa reclamará que la pieza económica se juzgue en Donostia
destaca de la sentencia absolutoria las menciones a la libertad de expresión y las denuncias de torturas
andoain. Aunque los abogados defensores no comparecieron, tal y como estaba previsto, los directivos absueltos en el caso Egunkaria trataron de arrojar ayer algo de luz sobre la nueva situación judicial generada entorno a la causa a partir de la sentencia dictada por el juez Javier Gómez Bérmudez. La primera consecuencia, una vez absueltos de la comisión de un presunto delito terrorista, afecta directamente a la pieza económica del sumario, aún pendiente de resolución. Y es que a día de hoy, la instrucción de las presuntas irregularidades fiscales y contables en relación a Egunkaria está en manos de la Audiencia Nacional, a pesar de que este tipo de delitos económicos son competencia de juzgados ordinarios.
Al no existir ya ningún presunto delito de terrorismo -competencia de la Audiencia Nacional-, la defensa solicitará la inhibición de este tribunal con el fin de que la pieza económica del caso Egunkaria se juzgue en un Juzgado de Donostia, dependiente de la Audiencia de Gipuzkoa. En esta pieza, están procesadas ocho personas, que se enfrentan a penas de hasta 26 años de prisión y multas de hasta 33 millones de euros.
la sentencia absolutoria Respecto al contenido de la sentencia absolutoria y al posible recurso de la acusación ante el Tribunal Supremo, Xabier Oleaga se encargó ayer de explicar algunos elementos que, en una primera lectura, son "muy importantes" para las defensas. Concretamente, destacó que los jueces determinan que no existían razones para el cierre de Egunkaria, ya que no se trataba de una empresa o de una sociedad normal, sino de un medio de comunicación asistido por el derecho de libertad de expresión. Y en segundo lugar, remarcó que la sentencia también critica que no se investigara si la línea del periódico era de apoyo a ETA, además de reconocer que en los cinco días en los que los procesados estuvieron incomunicados no hubo "control suficiente" por parte de los jueces.
los cargos
l Joan Mari Torrealdai, Inaki Uria, Txema Auzmendi, Joxe Mari Sors y Ainhoa Albisu. 26 años y cuatro meses de prision y una multa de 32,8 millones de euros cada uno.
l Mikel Sorozabal. 21 años y nueve meses de carcel y una multa de 27,2 millones de euros.
l Begona Zubelzu. 17 años y dos meses de prisión y una multa de 21,6 millones de euros.
l Fernando Furundarena. 13 años y tres meses de prisión y una multa de 21,2 millones de euros.
