madrid. El auto notificado por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, en el que anticipa que abrirá juicio oral contra Baltasar Garzón por prevaricar al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, desató ayer una oleada de apoyos al aún titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional desde diversos sectores. Representantes del PSOE como su secretaria de organización, Leire Pajín; de IU, como el diputado Gaspar Llamazares; e incluso del PP, como su secretario general en el País Vasco, Iñaki Oyarzabal, mostraron su respaldo a Garzón mientras que a través de mensajes de móvil o de redes sociales como Facebook se están convocando actos de solidaridad con el juez. La propia sede de la Audiencia Nacional fue escenario ayer de una de esas concentraciones, donde varias decenas de personas que portaban pancartas con lemas como "España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez" o "Justicia de verdad", reclamaron que no se juzgue a Garzón.

La mayoría de las reacciones se centran en el hecho de que la causa por la que el magistrado vaya a sentarse en el banquillo de los acusados se iniciara a raíz de las querellas presentadas por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS. Así, el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, consideró "escandaloso" que sea precisamente Garzón, que "intentó hacer justicia con las víctimas" del franquismo, quien se haya convertido en "el primer imputado" en la causa.

Pese a que su partido, el PSOE, sí criticó el enjuiciamiento de Garzón, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, evitó ayer entrar en polémicas y apeló a su responsabilidad como jefe del Ejecutivo para limitarse a expresar su respeto a las decisiones judiciales ante la situación del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Así evitó ofrecer una opinión personal al respecto, aunque un miembro de su Gabinete, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, sí tachó de "incomprensible" la situación del juez. "No es entendible que un juez, por querer investigar los crímenes de una dictadura, se vea en la situación a la que se ve", aseguró Chaves.

Por su parte el presidente del Congreso, José Bono, consideró "socialmente llamativo" que "se encause a quien investiga crímenes".

El CGPJ decide el día 22 Mientras tanto, fuentes del Consejo General del Poder Judicial confirmaron ayer que la suspensión cautelar de Garzón se decidirá en el pleno que se celebrará el próximo día 22, y añadieron que ha sido el propio presidente del órgano que rige la judicatura, Carlos Dívar, quien acordó que fuera ese órgano y no la Comisión Permanente, el que se pronuncie sobre el futuro de Baltasar Garzón.