Tras la aprobación de la reforma sanitaria en Estados Unidos, que ha ocupado el debate nacional durante año y medio, los inmigrantes consideran que ha llegado su turno. Apostaron por Obama, han esperado pacientes, pero ahora comienza una batalla por lo que consideran justo: una reforma migratoria integral que solucione la situación legal de 12 millones de trabajadores indocumentados. El mismo día que la Cámara de Representantes aprobaba la histórica reforma sanitaria, 100.000 inmigrantes llegados de todas partes de Estados Unidos se manifestaban frente al Capitolio exigiendo a Obama que cumpla su promesa electoral. Durante su campaña, el presidente estadounidense se comprometió a impulsar la reforma migratoria en su primer año de mandato, lo que le valió el voto de dos de cada tres votantes latinos. Sin embargo, analistas, legisladores y diplomáticos han expresado su desconfianza sobre su aprobación este año.
El desgaste en la popularidad del mandatario y la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre, además de una economía que aún no se recupera, son los principales argumentos para retrasar el debate migratorio. Sin embargo, los activistas se muestran optimistas y han reactivado las multitudinarias manifestaciones que protagonizaron hace cuatro años. "Estamos más cerca del diálogo nacional. Hace un mes se estaba escribiendo el obituario de la reforma migratoria y hoy estamos hablando ya de una posibilidad", resalta Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).
La comunidad latina, a la cabeza de las movilizaciones, está más activa que nunca, y según Cabrera, ha aprendido una importante lección de las movilizaciones de 2006: "A la vez que marchamos tenemos que caminar por los pasillos del Congreso". Varias organizaciones de inmigrantes se han reunido ya con legisladores, tanto demócratas como republicanos, para sondear sus opiniones y para tratar de convencerles de la necesidad de la reforma. Incluso, varios representantes se reunieron hace dos semanas con el presidente Barack Obama. En ese encuentro estuvo Chirla. Esta coalición también ha formado parte del equipo que trabaja, desde hace nueve meses, con el senador demócrata de Nueva York Charles Schumer y el republicano de Carolina del Sur Lyndsey Graham en una propuesta marco para presentar al Congreso. Ambos legisladores dieron a conocer hace una semana el plan, de cuatro puntos, que incluye un reforzamiento de la seguridad en la frontera; poner en marcha una vía "dura, pero justa" de legalización de los indocumentados; tarjetas de Seguridad Social biométricas que impidan que los trabajadores irregulares puedan obtener empleos, y el establecimiento de un proceso de admisión de empleados temporales.
"Esta propuesta simplemente necesita ajustes, como por ejemplo, qué significa que los inmigrantes, para lograr la legalización, tengan que aceptar que violaron la ley, qué significa para su futuro y su posibilidad de hacerse ciudadanos o residentes más adelante", explica Jorge Mario Cabrera. La propuesta también contempla que los indocumentados que accedan a la legalización tengan que pagar los impuestos atrasados y alguna multa. "Estos detalles se van a ir trabajando entre los equipos de estos dos senadores y los nuestros", agrega el portavoz de Chirla.
Seguridad fronteriza
3.200 kilómetros para vigilar
Los inmigrantes reconocen la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera, pero insisten en que se haga de una manera respetuosa hacia México y teniendo en cuenta los derechos humanos. Durante la administración de George W. Bush -en octubre de 2006-, se aprobó la polémica ley del Muro, la construcción de una valla doble de 1.226 kilómetros en la frontera con México, para frenar la entrada de inmigrantes. Asimismo, el Gobierno de Bush diseñó una sofisticada red de cámaras, sensores y radares -conocido como muro virtual- que debería haber estado extendida por la frontera de más de 3.200 kilómetros en 2011 y que controlaría el 90% de los movimientos de los inmigrantes. Pero el plan ha suscitado numerosas críticas, la última de la actual secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que ha congelado recientemente los fondos destinados a este sistema.
"Ésta es una de las decisiones ejecutivas que puede tomar el Gobierno, y así lo podrían haber hecho con las deportaciones y las redadas", se queja Jorge Mario Cabrera. Ésta es una de las principales preocupaciones de los inmigrantes que cuentan con algún indocumentado entre sus familiares y una de las mayores decepciones que se ha llevado la comunidad latina que votó a Obama. Y es que las cifras no invitan a la esperanza: durante su administración, han aumentado un 46% las deportaciones -en 2009 fueron expulsados 387.790 extranjeros frente a los 264.503 de 2008-.
"La ironía es que el presidente Obama llegó a la Casa Blanca impulsado por el voto de esperanza de nuestra comunidad y, sin embargo, su administración ha seguido con la política de mano dura", se lamenta el portavoz de Chirla. Un informe de la organización La Raza de 2008 estimó en cinco millones los niños estadounidenses con padres indocumentados. En la manifestación del 21 de marzo, unos 400 menores cuyos progenitores habían sido deportados se unieron a la marcha y escribieron una carta a Obama pidiéndole una orden ejecutiva que frenara las deportaciones de sus padres. "Ellos son ciudadanos al igual que las hijas del presidente y tienen derecho a ser criados por sus progenitores", señala Nora Sandigo, directora de Fraternidad Americana en Miami. "Son niños nacidos en Estados Unidos que están sufriendo por causa de una ley injusta que debe ser reformada cuanto antes", agrega. Sandigo conoce bien la problemática. Ha tomado la representación legal de 800 niños que se han quedado solos o con familiares cercanos por las deportaciones.
"La comunidad latina está decepcionada y preocupada. Pero a la vez no quiere que el presidente o el Congreso fallen, porque entonces todos sufrimos. Las leyes de inmigración están quebradas y eso causa muchísimo sufrimiento en muchísimas personas", concluye Jorge Mario Cabrera. Este activista, que llegó hace 18 años huyendo de la guerra civil de El Salvador y que en 2007 logró la nacionalidad estadounidense, destaca el trabajo de los últimos años de las organizaciones por registrar a la comunidad latina para votar, por hacerles ver la importancia de participar en las elecciones para provocar el cambio. En la actualidad, son 10 millones los electores latinos y su peso en los comicios es crucial. "La reforma migratoria es un asunto bipartidista, a ambos partidos les interesa el voto latino y por eso es el momento de hacer presión", reflexiona. Obama tiene un nuevo reto: conseguir la victoria en un tema que, al igual que la reforma sanitaria, suscita divisiones entre la población.
La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos son hispanos -alrededor de 43 millones-. Hay, asimismo, alrededor de 12 millones de indocumentados. Los activistas en favor de los derechos de los inmigrantes exigen:
l Tramitación. Un mejor y más rápido servicio de tramitación de sus peticiones de residencia o ciudadanía. Hay algunos casos que registran hasta diez o quince años de espera.
l Coste. Los inmigrantes se quejan de la carestía de los trámites migratorios, que consideran "extravagantes".
l Legalización. Un proceso de legalización "justo y humano" para que quienes residen ya en el país sin autorización puedan "trabajar en libertad" y viajar a sus países de origen cuando así lo deseen.
l Impuestos. Reconocen la necesidad de que los inmigrantes paguen impuestos, aprendan inglés y se registren como ciudadanos. Del plan marco Shumer-Graham, les preocupa el aspecto que establece que los indocumentados que accedan a la legalización tengan que pagar impuestos atrasados, por el coste que esto pueda suponer.
l Trabajadores temporales. Otro de los puntos que inquieta a los activistas es el de la regulación de los futuros flujos migratorios, en especial, el programa denominado "trabajadores temporales o huéspedes". La preocupación está en que después de un tiempo residiendo en el país legalmente, estos inmigrantes no puedan acceder a la ciudadanía o residencia y sean deportados, aunque hayan hecho raíces en Estado Unidos.
