Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona ratificaron ayer en Bruselas el principio de acuerdo al que llegaron unas horas antes el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Ángela Merkel, para fijar un mecanismo de ayuda financiera a Grecia.
El aval de los líderes de los 16 países miembros de la zona euro es necesario para aprobar ese mecanismo, un plan teórico y muy condicionado para rescatar a Grecia in extremis, en caso de que esta primavera no logre refinanciar su deuda. Se trata de una de las principales exigencias que planteaba Alemania, junto con la implicación desde el principio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el carácter voluntario de los préstamos bilaterales.
La decisión final requerirá la aprobación de todos los miembros de la UE -los Veintisiete- porque el grupo del euro como tal no está facultado para tomar decisiones que puedan afectar al conjunto de las economías de la Unión Europea.
La declaración, sobre la que durante la tarde de ayer lograron ponerse de acuerdo las dos principales potencias de la Eurozona, Francia y Alemania, prevé que contribuyan al mecanismo "la mayoría" de los países del euro, en forma de préstamos bilaterales, y que el FMI realice una aportación "sustancial".
La contribución de cada país quedará determinada por su peso en el capital del Banco Central Europeo (BCE), según las fuentes. Aunque no colaboren todos los países del euro, la activación del mecanismo de ayuda requerirá una decisión por unanimidad en el Eurogrupo.
La cuota de España en el capital del BCE asciende al 8,3%. No obstante, la contribución final española podría situarse alrededor del 12,5% del total, teniendo en cuenta que los países de fuera de la Eurozona, que también aportan capital al Banco, no contribuirán en principio al rescate griego.
Teniendo en cuenta estas variables, las autoridades españolas calculan que les corresponden 2.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que al tratarse de un préstamo computarán como deuda y no como déficit.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró ayer que España está "absolutamente" dispuesta a poner "su parte" en el momento en que el país heleno la solicite.
Según el proyecto, la concesión de los préstamos irá ligada a una "condicionalidad fuerte" y serán la Comisión Europea (CE) y el BCE los que se encargarán de evaluar el cumplimiento de las condiciones.
En la declaración se recuerda que los líderes europeos apoyan los esfuerzos de saneamiento fiscal emprendidos por el Gobierno griego, que consideran, por otro lado, suficientes para salvaguardar la estabilidad de la zona euro.
coordinación El documento también hace referencia a la necesidad de intensificar la coordinación de las políticas económicas y de "explorar todas las opciones para reforzar el marco legal", lo que se vincula a otra exigencia de Alemania.
Angela Merkel ha pedido a sus socios europeos que se estudien el endurecimiento de las condiciones de control de los déficit excesivos, reguladas por el Pacto de estabilidad y crecimiento, para que no se repita la deriva en las cuentas públicas que está en el origen de la crisis griega.
Según otras fuentes, los líderes planean dar un mandato al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para que establezca un grupo de trabajo que elabore una propuesta sobre esta eventual reforma antes de finales de 2010.