Madrid. El Tribunal Supremo admitió ayer a trámite la tercera querella por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, esta vez la del abogado Ignacio Peláez, letrado de un imputado en el caso Gürtel (José Luis Ulíbarri), por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama. Así lo acordó la Sala de lo Penal del Supremo en un auto en el que indica que no existen razones suficientes "para excluir con toda certeza" la hipótesis de la existencia de los delitos de prevaricación y de otro cometido por una autoridad contra la garantía constitucional de la intimidad. Con ello, Garzón se convierte en el primer juez que tiene tres causas abiertas en el Supremo ya que a ésta se suman la del franquismo y la de sus cobros en Nueva York.

El Alto Tribunal concluye que las "hipótesis incriminatorias" planteadas por Peláez, "no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser sin más desestimadas". De esta manera rechaza los argumentos de la Fiscalía, que se opuso a la admisión de la querella al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y que el querellante no está legitimado para ejercer la acusación particular en este asunto por considerarlo una "maniobra procesalmente fraudulenta con la que se pretende hurtar a los tribunales competentes la decisión sobre la ilicitud o no de estas pruebas". A esto el Supremo responde que cree que "lo irregular y evidentemente censurable" sería precisamente lo contrario, "pretender excluir la posibilidad de un pronunciamiento sobre la existencia o no de delito".

paradoja El auto también señala que aunque los argumentos de la Fiscalía no son jurídicamente desdeñables, no se puede excluir con toda certeza la existencia de los delitos. "Lo que no puede pretender el Ministerio Público es que este Tribunal tenga que abstenerse de investigar unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones".

Según fuentes del Alto Tribunal, se trata de la primera vez que un juez se enfrenta a tres querellas. Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional, se querelló contra Garzón por considerar que autorizó de forma "genérica e indiscriminada" la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo". En la querella se recuerda que el 19 de febrero de 2009 Garzón dictó un auto secreto, que prorrogó el 20 de marzo, para ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados.

Se da la circunstancia de que estas escuchas han sido avaladas por el instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, y por la Fiscalía Anticorrupción.