madrid. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó ayer prisión incondicional para el presunto miembro de ETA Ibai Beobide, detenido el pasado sábado por la Guardia Civil cuando circulaba en bicicleta entre las localidades guipuzcoanas de Asteasu y Villabona, tras imputarle indiciariamente cinco delitos de terrorismo: integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y de explosivos, falsificación de documento y estragos terroristas.
Durante el interrogatorio, Beobide se negó a declarar y denunció que habría sufrido torturas durante los cinco días que ha permanecido incomunicado en dependencias de la Guardia Civil.
Fuentes judiciales apuntaron que la operación en la que fue detenido este presunto etarra continúa abierta. De hecho, la Guardia Civil hizo público ayer que, gracias a la información obtenida tras la detención de Beobide, ha identificado a tres de sus presuntos colaboradores, liberados de la organización, que podrían estar implicados directamente en el asesinato de Inaxio Uria en diciembre de 2008; un atentado en el que también se analiza el grado de participación que pudo tener el propio Beobide.
Por el momento, la acusación sitúa a este presunto miembro de ETA como el encargado de poner en marcha una red de colaboradores de ETA en Gipuzkoa para impulsar la formación de dos comandos de legales. La Fiscalía cree que ya había dado pasos en el cumplimiento de esas instrucciones como a su juicio demuestran las detenciones de Jon Rosales y Adur Arístegui y de las otras cuatro personas que fueron apresadas en Hernani y Segura acusadas de darle alojamiento y prestarle ayuda.
Las investigaciones llevaron ayer a la Policía a registrar dos viviendas en Zarautz y Areso, y amplias zonas del monte Gorbea, en busca de los hasta 150 kilos que podría tener preparados para dotar de capacidad a los dos comandos de Gipuzkoa y a un tercero impulsado en otro territorio.
jornada de juicios Pero el de Beobide no fue el único caso que pasó ayer por los tribunales. El Supremo analizó también el recurso presentado por la defensa de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, para la que la fiscalía mantiene su petición de un año de cárcel y siete de inhabilitación acusándola de enaltecer a los responsables del atentado contra la T-4.
Además, pasaron ante el juez Juan Carlos Subijana y Zigor Bravo, para quienes la Fiscalía pide 40 años por cuanto entiende que facilitaron a ETA la información necesaria para cometer el atentado en el que fue asesinado el funcionario de prisiones Máximo Casado, que era vecino de la familia de Bravo.
La viuda de Casado pidió que se hiciese "justicia" con los acusados, mientras su abogado defensor denunció que se pretende condenarles con "meras hipótesis" y en base a unas declaraciones que, a su juicio, quedaría invalidadas porque nunca fueron ratificadas ya que se obtuvieron mediante torturas.
