DONOSTIA. El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, anunció hoy la adhesión de su formación a las movilizaciones convocadas por la mayoría sindical vasca, para los próximos 2 y 27 de marzo, contra el "rumbo de las medidas que vienen adoptando los distintos gobiernos de Navarra, Euskadi y España en contra de los intereses de la clase trabajadora" para hacer frente a la crisis al tiempo que animó a los trabajadores a "salir a la calle" para "denunciar esta actitud de los diferentes ejecutivos".

En una rueda de prensa en San Sebastián, Abril, acompañado del miembro de la Ejecutiva de Hegoalde de Aralar, Aritz Romero, y de su portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rebeka Ubera, censuró que el Gobierno central, "con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO. y la patronal, está adoptando medidas en contra de la opinión de la mayoría sindical vasca, y, por consiguiente, en contra de la opinión de la mayoría de los trabajadores vascos".

En este sentido, indicó que el propio lehendakari, Patxi López, ha anunciado que "no comparte el retraso de la edad de la jubilación, pero no se planta ante la propuesta de su propio partido, ni defiende los intereses de los trabajadores vascos".

Frente a ello, reclamó "el derecho a decidir de los ciudadanos vascos también en este campo, para que podamos contar con un sistema de pensiones propio, acordado con la mayoría sindical vasca". "Es imprescindible que las instituciones de Euskal Herria gestionen la Seguridad Social", sentenció.

Además, el vicecoordinador de Aralar tachó de "inadmisible" la propuesta del Gobierno central de retrasar a los 67 años la edad de jubilación y exigió "que la retire", porque "no tiene ninguna justificación", ya que en los últimos 15 años "el costo de las pensiones se ha visto reducido del 8,3 por ciento del PIB al 7,8 por ciento".

Abril abogó por el "reparto de la riqueza", lo cual exige "un cambio radical en las políticas fiscales, imponiendo una mayor progresividad y aumentando los sueldos mínimos". Asimismo, pidió a las instituciones "un mayor esfuerzo" para "sacar a los pensionistas de los niveles de pobreza", ya que, aunque la pensión media en Euskadi ronda los 900 euros, "hay muchos que cobran mucho menos".

A su juicio, el sistema de pensiones no tiene porqué ser rentable en sí mismo, sino que, como en la mayoría de muchos países europeos, Euskadi debería tender "a un modelo mixto, cubriendo con los impuestos lo que no se cubre con las contribuciones, a costa de los presupuestos del Estado".

En este contexto, opinó que la propuesta del Gobierno central supone "un intento de privatizar el sistema de pensiones", y, frente a ello, abogó por un sistema público que es "lo más democrático y justo y lo único que garantiza las pensiones de todas las personas" porque, "cuando se tiende a equiparar lo público y lo privado, lo público suele resultar más perjudicado puesto que las entidades financieras sólo responden a intereses especulativos".

Finalmente, destacó que, en el actual contexto de crisis, es "inaceptable cualquier planteamiento para reducir la protección social y el peso del sector público", ya que la salida a esta coyuntura económica "debe versar, precisamente, en la dirección contraria a lo que están haciendo las instituciones".

"NARCISISMO" DE UPN

Por su parte Romeo advirtió de la "preocupante" situación, que, a su juicio, se da en Navarra con 43.000 parados, casi 20.700 personas afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo y un Gobierno que responde a esta situación desde "el narcisismo jotero foral, de Navarra siempre para adelante".

Además, lamentó que el PSE "está absolutamente entregado a la estrategia antisocialista y de derechas de UPN y está siendo, no sólo cómplice, sino partícipe de esta gestión".

"El narcisismo de UPN no nos va a sacar de la crisis", ni tampoco "las medidas antidemocráticas de exclusión de la mayoría sindical y de formaciones como las que integramos NaBai", afirmó, para, a continuación añadir, que la recuperación económica requiere de "un diálogo social sin exclusiones y políticas sociales que frenen la destrucción de empleo".

Romeo instó a la puesta en marcha de políticas "efectivas" que permitan la reinversión en el gasto social, para erradicar la corrupción y generar empleo "digno y de calidad" para lo cual es necesario buscar "nuevas fuentes" de generación de trabajo, como "las energías renovables, el I+D+i o el empleo social".