madrid. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer solicitar a la Fiscalía que informe sobre la posibilidad de proceder a la suspensión cautelar del juez Garzón, en relación con los dos procedimientos penales admitidos a trámite contra él en el Tribunal Supremo (por investigar las desapariciones del franquismo y por los cobros recibidos durante su estancia en Nueva York). La resolución supone el primer paso para suspender temporalmente en sus funciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, si bien el contenido del informe del fiscal no es vinculante.
La consulta a la Fiscalía se produce antes de que Garzón haya podido recurrir el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del alto tribunal Luciano Varela, en el que éste expresaba sus motivos para sentarle en el banquillo y rechazaba, por tanto, archivar la causa por prevaricación relacionada con su investigación de la memoria histórica interpuesta por la ultraderecha (el sindicato Manos Limpias, la asociación Dignidad y Justicia y Falange Española).
La resolución de la Comisión Permanente se fundamenta en la recepción por este órgano tanto del auto de Varela como del dictado por la Sala el pasado 28 de enero admitiendo a trámite una segunda querella contra el juez (por presunta prevaricación, cohecho y estafa), relacionada con la gestión de unos cursos patrocinados por el Banco Santander en la Universidad de Nueva York (cobró 203.000 dólares y posteriormente archivó la instrucción de una querella presentada contra el banco de Botín).
En su informe, que según recordaban fuentes del CGPJ "no es vinculante", el fiscal previsiblemente se opondrá a la suspensión de Garzón, ya que la postura mantenida hasta ahora por el Ministerio Público es que el juez no ha cometido delito de prevaricación en ninguno de los dos casos aceptados a trámite por el Supremo.
