palma de mallorca. El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich (PSOE), confirmó ayer oficialmente la expulsión de Unió Mallorquina (UM) del Ejecutivo insular, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, las tres instituciones en las que los socialistas gobernaban con el apoyo de los regionalistas y los nacionalistas del Bloc. Esta decisión, motivada por la detención de hasta tres altos cargos del Ejecutivo insular (ayer la Policía arrestó al ex conseller de Turismo y ex presidente de UM, Miquel Nadal) y la sospecha de corrupción y financiación irregular del partido, deja a los gobiernos socialistas en minoría, con el único apoyo del Bloc y con sus ex socios regionalistas, según anunciaron ayer tras su expulsión, con "las manos libres" para hacer imposible la gobernabilidad en esas instituciones forzando así la convocatoria de elecciones anticipadas.
La detención ayer de Miquel Nadal fue la gota que desbordó el vaso después de que en las dos jornadas precedentes también fueran arrestados dos directores generales del Ejecutivo relacionados con el área de Turismo. Las tres detenciones, como otras doce localizadas en los tres últimos días en el entorno de UM (incluido su tesorero Álvaro Llompart), están relacionadas con la denominada operación Voltor (buitre), un presunto caso de corrupción en torno al Instituto de Estrategia Turística (Inestur), parte de cuyos dividendos podrían haber servido para financiar al partido regionalista.
menos carteras Antich anunció también ayer una reducción de consellerias prescindiendo, en principio, de las tres carteras que ocupaba UM (Medio Ambiente, Turismo y Juventud y Deportes). Preguntado sobre si convocará elecciones, el presidente balear eludió responder y manifestó que ahora mismo su objetivo es "reestructurar el Ejecutivo para que a partir del próximo lunes pueda volver a funcionar con normalidad". También apuntó que si intención es seguir el programa aprobado al inicio de la legislatura e insistió en que se centrará en sacarlo adelante.
Antich manifestó que esta decisión ha sido "meditada" y la ha adoptado por "convicción propia", debido a que "no se puede tolerar" casos de corrupción en el Ejecutivo.
