Vitoria. El fracaso en la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha vuelto a poner de manifiesto el hasta ahora inquebrantable bloqueo entre progresistas y conservadores, una circunstancia que ha activado dentro del Poder Judicial las alternativas que brindan las candidaturas independientes, o lo que es lo mismo, no vinculadas a la Asociación Profesional de la Magistratura o Jueces para la Democracia.
Fuentes judiciales apuntaron ayer a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA que en este contexto cada vez gana más enteros la candidatura del actual director del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), Juan Mateo Ayala, para buscar el consenso inexistente en los dos últimos intentos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por renovar la presidencia del alto tribunal vasco. La ausencia de filiación es uno de los principales puntos a favor de este magistrado, mientras que el trabajo desarrollado en el Cendoj -órgano dependiente del CGPJ que se encarga de archivar las sentencias- es considerado un arma de doble filo desde la judicatura. Por un lado, el alejamiento de la jurisdicción ha evitado que Ayala se granjee enemigos con decisiones incómodas, pero es precisamente esta ausencia del trabajo directo en los tribunales lo que también puede restar bazas a la candidatura de este juez, que anteriormente desarrolló sus funciones en la Audiencia Provincial de Bizkaia. A pesar de aparecer como posible tapado, no sería la primera vez que Ayala se postule para el cargo. Su nombre figuró en la lista de candidatos a suceder a Piñeiro en la primera tentativa de marzo del pasado año, aunque optó por no repetir en el último proceso.
Estas mismas fuentes señalan que los intentos procedentes del Poder Judicial por convencer a Ayala aún no han conseguido una respuesta definitiva, por lo que el listado de los magistrados que concurrirán en el próximo periplo electoral aún está en blanco. La única certeza que existe en Jueces para la Democracia es que Manuel Díaz de Rábago no volverá a postularse para el cargo, después de no lograr salir victorioso en la reciente tentativa. Por otro lado, desconocen cuál será la postura del juez alavés, Jaime Tapia, quien prefiere conocer los detalles de la última convocatoria para pronunciarse sobre su futuro, al igual que la magistrada en Gipuzkoa, María Victoria Cinto, quien también guarda silencio.
En lo que respecta al ala conservadora, la APM intenta minimizar el efecto que tendría sobre la candidatura del actual presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, las críticas a la actuación de este tribunal que recoge el fallo del Supremo sobre el encausamiento de los lehendakaris Juan José Ibarretxe y Patxi López por su reunión con dirigentes abertzales durante el proceso de paz. El portavoz de la agrupación conservadora, Antonio García, reiteraba ayer en ETB que la petición de dimisión de Piñeiro -sigue ejerciendo de presidente de forma interina- es "absolutamente absurda". Según su visión del fallo judicial en el que se criticaba abiertamente la decisión del TSJPV de no archivar el caso Ibarretxe, a este tribunal "no se le está imputando, en absoluto, haber dado lugar con su tarea, con las decisiones que adoptó, ningún deterioro de la función jurisdiccional". Por ello, García emplazó a quien considere que hay irregularidades en la actuación de los jueces a denunciarlo ante los tribunales.
A pesar de no mencionarla, el aviso está dirigido a la ex portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, quien ayer expuso que la Fiscalía debería actuar contra los magistrados implicados en este caso para analizar si puede ser delito que "adoptaran decisiones injustas a sabiendas". En opinión de Azkarate, los adversarios de Ibarretxe intentaron conseguir "utilizando la Justicia" lo que "no pudieron conseguir por vías políticas".
