madrid. La ministra de Defensa, Carme Chacón, llegó ayer a la mañana a la base de Apoyo Avanzado de Herat (FSB) para conocer de primera mano los detalles del ataque que el lunes acabó con la vida del soldado John Felipe Romero Meneses e hirió a otros seis militares. La mandataria socialista aterrizó en la base horas después de que insurgentes afganos protagonizaran un nuevo ataque contra las tropas españolas. Y es que a última hora del lunes tres pequeños cohetes de fabricación casera fueron lanzados contra el acuartelamiento, aunque su explosión no causó daños materiales ni personales.

Nada más aterrizar, la ministra visitó el hospital Role 2, donde fueron ingresados los heridos en el atentado contra el convoy en el que murió el soldado Romero Meneses. Tres de los heridos regresaron ayer mismo a España con Chacón, que acompañó también el cadáver del militar fallecido. Se trata del teniente Jordi Francesc Rubio Carceller y los soldados Josue Alcalá Silvera y Daniel Ospina Quintana, que quedaron ingresados en un centro hospitalario de Barcelona. Los otros tres militares que también viajaban en el blindado atacado y que sufrieron heridas leves decidieron voluntariamente permanecer en Afganistán. El funeral por John Felipe Romero, que será presidido por el príncipe Felipe, se oficiará hoy en el acuartelamiento El Bruch de la capital condal.

La ministra, acompañada del Jefe del Alto Estado Mayor (JEMAD), José Julio Rodríguez, y el Jefe Del Alto Estado Mayor del Ejército (JEME), José Fulgencio Coll, confirmó ayer que ha pedido comparecer ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar las circunstancias del atentado del lunes. Por su parte el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto diligencias para investigar el atentado ocurrido el lunes en Sang Atesh y ha autorizado que se practique la autopsia del soldado fallecido a su llegada a España. Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado abrió el mismo lunes las diligencias después de que le informaran del atentado contra un convoy español. Esta investigación se enmarca dentro de la competencia que tiene la Audiencia Nacional para investigar delitos cometidos contra españoles en el extranjero.