Vitoria. El Parlamento cerró ayer definitivamente su deuda con las víctimas de la violencia. Con el aval de la unanimidad, la Comisión de Derechos Humanos exigió al Gobierno Vasco que reconozca y repare, caso por caso, al centenar largo de vascos que murieron asesinados entre finales de los años 70 y principios de los 80 por motivaciones políticas, y que no cayeron bajo la sentencia de ninguna sigla concreta. Son los últimos damnificados por la violencia política que quedaban por reconocer en un país que en los últimos años se ha esforzado por recuperar el tiempo perdido. La Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo supuso el colofón a ese esfuerzo, pero dejó fuera a un amplio colectivo.
Se trata de aquellas personas que murieron en manifestaciones y controles, que perecieron torturadas en comisarías o que fueron asesinadas por grupos parapoliciales o agentes fuera de servicio pertenecientes a grupúsculos de extrema derecha.
En un momento en el que la Dirección de Atención a las Víctimas apuesta por cerrar el capítulo del reconocimiento para pasar al de la memoria, la Cámara creyó necesario recordar a ese 10% de los muertos a causa de la política que habían quedado en el limbo institucional y en el olvido al que durante muchos años se sometió al resto de víctimas.
El respaldo que buscaba la iniciativa de Aralar se vio reforzado por un sorpresivo pacto de enmienda con el PSE que compromete al partido del Gobierno, con su firma, a exigir al Ejecutivo el cumplimiento de lo ordenado. Así, la relevancia política del acuerdo gana enteros, habida cuenta de que la última vez que se trató este asunto en la Cámara la reacción de socialistas y populares fue radicalmente distinta a la mostrada ayer.
En junio de 2008, el entonces director de Derechos Humanos, Jon Landa, presentó un informe en el que constataba la existencia de 109 asesinados y 538 heridos a causa de la violencia política que no tenían cabida ni en la Ley de Víctimas ni en la de Memoria Histórica.
La primera da cobertura a los damnificados por ETA, el GAL, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, el Batallón Vasco Español y demás grupos organizados que operaron en Euskadi en los años 70 y 80. La segunda no llega más allá de la Transición pura y dura, cerrada a estos efectos con la Ley de Amnistía de 1977.
El informe de Landa fue tomado en las filas socialistas y populares como "una humillación a las víctimas del terrorismo y a cientos de policías, guardias civiles y ertzainas asesinados", en palabras del ahora consejero de Interior, Rodolfo Ares, dado que los muertos recogidos por la Dirección de Derechos Humanos cayeron a manos de agentes de policía.
salto cualitativo El PSE votó en contra de un informe que incidía en la "equidistancia" de la que se acusa tradicionalmente al nacionalismo, y el PP acabó por abstenerse pese a su posición contraria, y a que su lectura del asunto no difería en gran cosa de la de Ares.
Así, el salto cualitativo demostrado por ambas formaciones es especialmente subrayable, entre otras cosas porque las posturas se defendieron ayer con convicción. "Manifiesto el compromiso de este grupo, como partido del Gobierno, para hacer realidad" un pacto "de futuro", afirmó el socialista Jesús Loza. "Tenemos por delante un trabajo muy intenso que debemos abordar con rigor, espero que el acuerdo se mantenga durante toda la legislatura", añadió.
De igual manera, el popular Carlos Urquijo aseguró su voto favorable a la enmienda de Aralar y PSE "por esa otra gente que ha sufrido violencia en este país y ha quedado fuera de foco, lejos de las cámaras", señaló.
"Éste es uno de los acuerdos más positivos de toda la legislatura, que reconoce a los más olvidados, aquellos para los que no ha habido perdón institucional", celebró Aintzane Ezenarro. La portavoz de Aralar afirmó que la medida no se podía "postergar" más, habida cuenta de que Euskadi va a pasar "de la fase de reconocimiento a la de la memoria" de las víctimas de la violencia.
La parlamentaria del PNV Amaia Arregi, por su parte, recordó las palabras de la viuda de un guardia civil que, en el acto de homenaje celebrado a finales de noviembre en el Teatro Principal de Vitoria, abogó por reconocer a las víctimas que ayer lograron el reconocimiento institucional. "Nos satisface mucho haber podido alcanzar este acuerdo por unanimidad", aseguró la portavoz jeltzale.
Por último, Mikel Arana, portavoz de Ezker Batua, hizo hincapié en la necesidad de resarcir a quienes han padecido cualquier violencia, venga ésta de donde venga. "Es necesario prestar más atención a la víctima que al victimario", sentenció.
