madrid. El Pleno del Congreso de los Diputados dará hoy luz verde definitiva a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, los primeros elaborados por Elena Salgado como vicepresidenta económica. Durante la tramitación, el PSOE ha aceptado más de 300 enmiendas, cien de ellas en el Senado, pactadas con todos los grupos de la oposición y valoradas en 467 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 450 millones en créditos financieros para las concesionarias de obras públicas, acordados con PP y CiU.
Por primera vez en tres años, los socialistas lograron superar en la Cámara Alta la amenaza del veto a las Cuentas gracias a acuerdos de última hora con ERC, ICV y BNG, lo que permitió introducir más de centenar de enmiendas, con un importe global de 47 millones de euros, que mañana ratificará el Pleno del Congreso.
Sin embargo, un error de dos senadores socialistas en la votación propició que se introdujeran otras 13 enmiendas de CiU a los presupuestos de Industria, por un valor de 254 millones de euros, que serán retiradas hoy "sin ningún tipo de problema" gracias al apoyo de PNV y Coalición Canaria.
Se da la circunstancia de que, salvo el citado error, el PSOE no ha perdido ninguna de las otras 800 votaciones a las que ha tenido que hacer frente en ambas cámaras.
Durante el trámite inicial en el Congreso, el PSOE llegó a un acuerdo con los grupos de la izquierda parlamentaria -ERC, IU, ICV y BNG- para la reforma de la ley Beckham, que regula la tributación por IRPF de los futbolistas extranjeros, así como para el mantenimiento de la deducción a los 400 euros para las rentas bajas y la renovación del Plan 2000E en 2010, con una dotación de 100 millones.
En total, los Presupuestos salieron del Congreso tras pactar más de 200 modificaciones con PP, CiU, ERC, IU-ICV, BNG, NaBai y UPN valoradas en más de 220 millones de euros, que se suman a los 200 millones que pactaron con el PNV (145 millones) y Coalición Canaria (55 millones) para salvar el trámite de las enmiendas de totalidad.
Salvar las autopistas El trámite en la Cámara Baja sirvió para que PSOE, PP y CiU cerraran un acuerdo para auxiliar a las concesionarias de obra pública. Así, se logró desbloquear el Plan Renove de autopistas de nueva generación mediante prestamos participativos de 250 millones de euros para hacer frente al sobrecoste de las obras. A esta cantidad se suman otros 200 millones en préstamos para que el Estado garantice la sostenibilidad financiera de las concesionarias de autopistas de peajes, asumiendo el riesgo asociado a las expropiaciones de terrenos en los contratos de construcción de autopistas de peaje.
