vitoria. La Mesa del Parlamento Vasco ha rechazado que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara escuche el testimonio de los familiares de los detenidos en la última gran operación policial desarrollada en Euskadi, que acabó con los líderes de la organización juvenil Segi en prisión. Así lo explicó ayer en el Parlamento la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, quien denunció la "censura" que ejercen el PP y el PSE en el seno de la Comisión, aplicando el "rodillo" gracias a la mayoría que ejercen ambas formaciones en la Cámara. "La Mesa no ha dado ninguna argumentación" afirmó Ezenarro, para quien esta actitud "es admisible en un sistema democrático".
Más de una treintena de presuntos integrantes de la organización ilegalizada Segi, heredera de Jarrai y Haika, fueron detenidos en la madrugada del 24 de noviembre en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.
Las detenciones, que desactivaron a la organización "de mayor ortodoxia y fidelidad a la banda", según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, generaron todo tipo de reacciones en Euskadi, desde la plena satisfacción hasta el rechazo absoluto. El Consejo Vasco de la Juventud fue uno de los organismos que se posicionó contra los arrestos "en duros términos, criticando la operación, exigiendo la libertad de los detenidos por la Policía y pidiendo que se respeten los derechos civiles y políticos de los jóvenes vascos", según recordó ayer en la Cámara Gorka Maneiro. El portavoz de UPyD pidió explicaciones al lehendakari sobre las intenciones que alberga el Gobierno Vasco en relación con el Consejo Vasco de la Juventud y su defensa de la cultura de la paz.
Patxi López recordó que la polémica nota no contaba con el beneplácito del medio centenar de asociaciones que forman parte del Consejo, y que de hecho posteriormente se emitió un comunicado que desautorizaba el primer posicionamiento. En todo caso, el lehendakari afirmó que el Ejecutivo estará "vigilante" a los movimientos del Consejo, cuyas subvenciones estarán "ligadas a los principios democráticos" que demuestre.