vitoria. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió el pasado junio cerrar definitivamente el recorrido judicial de las alegaciones de Batasuna contra su ilegalización por parte de la Justicia española, salieron a la palestra análisis en torno a precedentes asimilables de pronunciamientos del mismo tribunal y de diversas instituciones de la UE en relación a Turquía y la minoría kurda. Curiosamente, la resolución del TEDH de ratificar la sentencia ilegalizadora del Tribunal Constitucional español contra HB-EH-Batasuna ha sido el paraguas al que ahora se ha acogido el Tribunal Constitucional turco para proceder a la ilegalización del pro kurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP), por considerar que existen vínculos entre esta formación y el ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El PKK está incluido desde hace años en la lista de organizaciones terroristas de la UE. No obstante, hasta ahora Turquía se ha enfrentado al hecho de que sus resoluciones contra la minoría kurda y sus expresiones políticas se habían topado con la recurrente censura de la corte europea. Así ocurrió, por ejemplo, con la disolución en 1994 del Partido de la Democracia (DEP), al que Ankara consideraba brazo político del PKK. Un escenario problemático para Turquía, una de las grandes aspirantes al ingreso en la Unión Europea, que ahora parece desarrollar la teoría de los vasos comunicantes para encontrar en el procedimiento judicial español un argumento a su favor para actuar en este ámbito sin dañar sus opciones de entrada en la UE.

De hecho, el caso del DTP esperaba desde hace tiempo una resolución por parte del Constitucional turco. La Fiscalía había presentado cargos contra estas siglas en 2007, aunque el tribunal rechazó las demandas del Ministerio Público y le dejó tomar parte en las elecciones municipales celebradas el pasado marzo. Pero el proceso contra el DTP ha seguido su curso y ayer acordó su ilegalización. El alto tribunal considera que existen vínculos entre el partido DTP y el ilegal PKK, una organización considerada terrorista por la Unión Europa y por Estados Unidos, y que desde 1984 se enfrenta a las autoridades de Ankara para lograr una autonomía de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía. El Constitucional también decidió prohibir a 37 miembros del partido DTP, entre ellos su presidente, Ahmet Türk, y una diputada, participar en la actividad política durante cinco años, para impedir así su integración en otras fuerzas políticas.

"Como partido, no se han distanciado lo suficiente de la violencia", indicó el presidente del tribunal, Hasim Kilic, quien explicó que para tomar su decisión, los magistrados tuvieron en cuenta dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ilegalización de Batasuna por parte de la Justicia española. Desde su fundación en 1963, el Constitucional turco ha ilegalizado 24 partidos, entre ellos cinco formaciones pro kurdas.