madrid. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha remitido una comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales de Irak para que le informen de si han llevado a cabo algún procedimiento judicial para investigar el asesinato de 11 personas de nacionalidad iraní y los daños provocados a más de 500 en el campo de refugiados de Ashraf (Irak) el 28 y 29 de julio de 2009. El magistrado da con esta medida un paso previo a la apertura de una investigación sobre los hechos, que no emprenderá hasta que no haya comprobado que las autoridades iraquíes han renunciado a juzgar los presuntos delitos cometidos por fuerzas especiales del Ejército iraquí. Andreu ha rechazado el archivo de la querella que le fue presentada por dos particulares, en contra del criterio del Ministerio Fiscal, al considerar que los hechos vulneran el IV Convenio de Ginebra.

Los querellantes sostienen que el ataque contra el campo de refugiados podría constituir un delito contra la comunidad internacional, 11 asesinatos, 36 detenciones ilegales, 480 delitos de heridas graves, torturas y daños, todos los cuales contravendrían el IV Convenio de Ginebra, suscrito el 20 de agosto de 1949 y ratificado por España e Irak en 1977, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra.

Ataque Según relata la querella, el ataque se produjo el 28 de julio de 2009 a partir de las 15 horas y el 29 de julio, cuando unos 2.000 soldados pertenecientes a la Novena Brigada de Badr, a las Fuerzas Especiales de la Brigada Escorpión de Bagdad, a los Batallones 2 y 3 de la Policía y a efectivos antidisturbios, asaltaron el campo en "una acción deliberada y planificada bajo el mando del teniente general Abdol Hossein Al Shemmari" contra quien se dirige la acción penal. Los agentes iraquíes iban equipados con blindados Humvee, palas mecánicas, armas de fuego, hachas, bastones metálicos y de madera, cadenas, gases pimienta y lacrimógenos, granadas sónicas, tanques lanza-agua y otros vehículos. Según los denunciantes, lanzaron "un asalto contra los civiles desarmados residentes en el campo de Ashraf, disparando indiscriminadamente".

La Fiscalía pidió el archivo de la causa al considerar que en virtud de la modificación en la aplicación de la Justicia Universal, aprobada por las Cortes el pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional solo puede investigar estos hechos "cuando se acredite que sus presuntos responsables se encuentran en España, existan víctimas de nacionalidad española o concurra algún vínculo de conexión relevante" con nuestro país. Tras indicar que estas circunstancias "no se aprecian en este caso", el Ministerio Público argumentó que la justicia iraquí ya ha intervenido.