vitoria. El PP exigió ayer al Departamento vasco de Interior que prohíba la marcha que mañana recorrerá las calles de Bilbao en protesta por la operación contra Segi que se saldó con el arresto de 34 jóvenes sin esperar a "ningún pronunciamiento judicial" y haciendo uso "de la facultad que le confiere la Ley reguladora del Derecho de Reunión", en la que se autoriza impedir cualquier acto si existen razones de que puedan producirse altercados.
El parlamentario popular Carlos Urquijo subrayó que Segi fue ilegalizada "por pertenecer al entramado de ETA" y recordó el acuerdo para el cambio democrático firmado entre PP y PSE que fija como bases de su colaboración "la deslegitimación del terrorismo y su derrota desde el estricto cumplimiento de la ley". "Confío en que la voluntad política y el amparo de la ley sea suficiente para impedir esta manifestación", advirtió Urquijo a sus socios en el Parlamento Vasco.
En este sentido, solicitó a Rodolfo Ares que utilice "todos los medios materiales y legales" para terminar con la "impunidad de aquéllos que defienden la utilización de la violencia como medio para alcanzar fines políticos".
Pero el PP no se quedó solo en esta reclamación. El presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, prefirió elevar su exigencia a la Audiencia Nacional, a la que también solicitó que prohíba la marcha.
En un escrito dirigido al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, Portero aseguró que en este acto concurren los elementos que configuran el delito de enaltecimiento y justificación de los delitos de terrorismo y de realización de actos que entrañan descréito, menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, previsto y penado en el Código Penal, por lo que pdió que sea impedido.
"responsabilidad" Por su parte, la izquierda abertzale antes representada por Batasuna hizo un llamamiento a "la juventud independentista" a seguir "trabajando" e instó a los agentes políticos, sindicales y sociales para que, "ante la magnitud y objetivos de este ataque", "actúen con la responsabilidad que exige la situación y respondan como pueblo".
Asimismo, se sumó a la manifestación convocada para mañana en Bilbao y reafirmó su "compromiso con los contenidos del documento de Alsasua", al tiempo que aseguró que "ningún ataque represivo le moverá ni un milímetro de este camino".
interrogatorios Alejados de la polémica política, los 34 detenidos en la operación llevada a cabo en la madrugada del martes en Euskadi y Navarra contra la organización juvenil ilegalizada Segi comenzaron ayer a prestar declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. El juez ordenó el ingreso en prisión de 11 de los supuestos miembros de Segi y dejó en libertad a otros dos, Oihana Fernández y Raúl Iriarte, ambos contra el criterio fiscal. A los 13 les ha imputado los delitos de integración o colaboración terrorista. Está previsto que las declaraciones continúen hoy y mañana. Según fuentes judiciales, en primer lugar están declarando los detenidos contra los cuales existen menos indicios de responsabilidad pena.
Antes de su puesta a disposición judicial, Interior aplicó a los detenidos el régimen de incomunicación, haciendo oídos sordos a las recomendaciones que la ONU le hizo hace escasos días. Ante esta situación, un grupo de familiares de los detenidos en Navarra se dirigieron ayer al Defensor del Pueblo para rogarle que "haga las gestiones necesarias" para que los arrestados pasen "cuanto antes ante el juez" y se acabe así con su incomunicación y con la preocupación por que estén sufriendo malos tratos.
