Vitoria. Las detenciones suponen "el descabezamiento de la estructura directiva" de Segi, "en un momento clave en la lucha contra el terrorismo, y en un escenario en el que Segi se configura como la organización de la Izquierda Abertzale más ortodoxa y de mayor fidelidad a ETA". El Ministerio del Interior incidió ayer en la importancia que tiene el último "golpe" policial contra la "cantera de la banda terrorista". Y es que con la macroperación desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la madrugada del lunes y que se saldó con 34 arrestos en distintas localidades vascas, el Gobierno español cortocircuita la participación de los jóvenes en el debate interno iniciado en la izquierda abertzale, que son, precisamente, los que más comulgan con la dirección de la organización armada, según coincide el informe Gakoa elaborado por presos críticos con la línea oficial de ETA y que hizo público este periódico en octubre. De hechos, éstos dijeron haber sido "desautorizados por la organización y los jóvenes".
En el mismo comunicado, el Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó ayer que las detenciones suponen la "casi total desarticulación" de las estructuras clandestinas de Segi en el Estado español y acarrean un "golpe de impacto" a su financiación a través de los gaztetxes y estructura logística. Las investigaciones policiales concluyen que las estructuras de Segi se ocultaban por medio de una doble dirección, a semejanza de la propia ETA en KAS-EKIN.
Asimismo, precisó que la macroperación, en la que participaron 650 agentes, estaba dirigida contra "el proceso de reforzamiento de la estructura organizativa de Segi", ilegalizada en enero de 2007. Según la misma fuente, la organización juvenil pretendía "incrementar el número de militantes" y "potenciar los procesos de formación para poder acometer las líneas de actuación establecidas por ETA para lo que denominan como el endurecimiento del conflicto y el incremento de la violencia callejera".
los papeles de sirvent Estas "directrices", tanto de reforzamiento organizativo, como de presión sobre las denominadas "luchas prioritarias", centradas en el TAV, el "modelo educativo", la "especulación inmobiliaria" y la construcción del "Estado vasco", aparecían -informó Interior- recogidas en un documento intervenido en abril de 2009 al responsable de ETA Ekaitz Sirvent y que obra en una comisión rogatoria internacional que la jueza Levert remitió a la Audiencia Nacional.
Sin duda, los objetivos violentos a los que alude el Gobierno contrastan con el contexto en el que se han desarrollado las dos operaciones policiales, esto es, la ausencia de actividad de ETA en las últimas semanas y el debate "sin límites, ni injerencias" en el que está inmersa la izquierda abertzale de cara a abrir una nueva fase política "sin violencia".
UNA OPERACIÓN ANUNCIADA Ajeno a ese debate, el Gobierno de Zapatero continúa apostando por las vías policiales y judiciales para acabar con ETA, como se demostró ayer con la macroperación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. Una operación de la que el diaro Gara alertó en sus páginas el pasado 19 de octubre sin dar detalles. De hecho, las fuerzas de seguridad acudieron a los domicilios de al menos cuatro jóvenes, además de los 34 detenidos, pero no se encontraban allí, por lo que podrían haber huído.
Además de los arrestos, la Policía Nacional practicó registros en 46 domicilios y en 21 locales, e intervino abundante documentación de Segi y soportes informáticos, que serán analizados en los próximos días, según informó Interior. Asimismo, añadieron las mismas fuentes, se encontraron pegatinas, propaganda y publicaciones Zutabe y Zuzen, de ETA, bombonas de camping-gas, de las utilizadas para la confección de artefactos explosivos e incendiarios, 6.000 euros en sobres y anotaciones manuscritas con placas de matrícula.
Los 34 jóvenes detenidos, a los que Interior ubica en niveles de "máxima dirección y de dirección territorial y comarcal", serán puestos a disposión judicial en los "próximos días" una vez hayan sido trasladados a Madrid. Según informó el Ministerio, algunos de los detenidos podrían haber intervenido en acciones de violencia callejera y sabotaje.
