vitoria. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha vuelto a pedir al Estado español que dé pasos "con el fin de abolir" el régimen de incomunicación utilizado para "los delitos de terrorismo y banda armada". Este órgano de la ONU emitió ayer sus conclusiones al informe que presentó el Gobierno central hace una semana en Ginebra.

El examen recoge "aspectos positivos" como la Ley de la Memoria Histórica o la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan de Derechos Humanos, si bien la mayoría son "motivos de preocupación y recomendaciones". La primera de ellas es la que exige al Estado español que armonice la definición de tortura que recoge el artículo 174 del Código Penal con la que aparece en el primer artículo de la Convención contra la Tortura. Hacerlo supondría tener que afrontar una serie de reformas que también se exigen en otras de las "recomendaciones" del Comité.

Entre ellas, se encuentran la calificación de "carácter grave" de cualquier delito de tortura y el "asegurar la imprescriptibilidad de la tortura en todo caso". Ahora las responsabilidades legales vencen a los 15 años salvo en los casos de "lesa humanidad -cuando la tortura es cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella-".

garantías Uno de los apartados principales del informe es el relacionado con el régimen de incomunicación. En él se sostiene que se debe "revisar" dicho régimen "con el fin de su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso" a varios derechos como "escoger un abogado de elección", "ser visitado por un médico de elección", "que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento" y a "entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente viene restringido aún cuando éste sea un abogado de oficio)".

El Comité también pide que "el sistema de grabación cubra todas las dependencias policiales del país y que se instale en las celdas y salas de interrogación y no se limite a las áreas comunes", como medida para evitar casos de tortura.

La ONU muestra su "preocupación" sobre "la información recibida de distintas fuentes respecto a la posible utilización en sede procesal de las declaraciones formuladas por los detenidos en sede policial".

Otra conclusión del examen es que se "insta al Estado parte a investigar pronta, exhaustiva e imparcialmente todos los casos de fallecimiento de detenidos y proporcionar, cuando sea apropiado, indemnización adecuada a las familias de las víctimas".

"suspenso educado" Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, señaló ayer que el Comité "reitera al Gobierno español que no cumple con los deberes" y, aunque sea en un "lenguaje diplomático", le castiga con un "suspenso educado".

El informe se cierra con un requerimiento al Estado para que responda a varias de las recomendaciones en el plazo máximo de un año, mientras anuncia un nuevo informe en noviembre de 2013.