a capacidad del Gobierno para eludir responsabilidades durante la pandemia no deja de sorprenderme. Pedro Sánchez adelantó hace un mes que el estado de alarma terminaría el 9 de mayo, sembrando el optimismo en toda la sociedad. Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos, como es el caso de Euskadi, no están de acuerdo con la decisión y exigen prorrogar medidas como el toque de queda o el confinamiento perimetral. A fin de quedar bien con sus socios en el parlamento y con la ciudadanía, Carmen Calvo anunció que las Comunidades Autónomas podrán mantener las medidas del estado de alarma siempre que los tribunales superiores o, en última instancia, el Tribunal Supremo, den el visto bueno. Lo que se conoce vulgarmente como marcarse un Poncio Pilatos. La maniobra no tiene fisuras: si el juez decide que no es legal restringir la movilidad más allá del estado de alarma, recibirá las protestas de los gobiernos autonómicos y, si les da la razón, los que pagarán su enfado con la justicia serán los ciudadanos. El caso es desviar las críticas a otro sector, como ya se hizo con Fernando Simón. No me extrañaría ver colgado dentro de poco en la puerta de la Moncloa un cartel que rece: "Las quejas al juez".
