os letrados del Congreso han avalado por primera vez la creación de una comisión de investigación en torno al rey emérito, en este caso sobre el supuesto uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I tras su abdicación. Ese había sido el asidero al que, por ejemplo, el PSOE se había agarrado en anteriores ocasiones para votar en contra de este tipo de iniciativas. Pero ayer, el asunto llegó a la Mesa de la Cámara Baja sin trabas de los letrados. La decisión sobre la constitución de esta comisión, a propuesta de Unidas Podemos, quedaba pues en manos políticas. Y, tal como se preveía por otra parte, la iniciativa decayó merced a los votos contrarios de PSOE, PP y Vox. Los letrados no han argumentado su cambio de postura, se han limitado a darle trámite. Algunos medios inciden en el hecho de que la iniciativa hiciera hincapié en que los hechos a investigar eran posteriores a la abdicación y, por tanto, no estarían amparados por la inviolabilidad que otorga la Constitución al monarca. El interpelado por el episodio, obviamente, es el PSOE, enésima escaramuza de los socios de gobierno. Alegan los socialistas que no es función del Congreso controlar al jefe del Estado o al exjefe del Estado. Cabe preguntarse si en una democracia es lógico que una institución del Estado escape a cualquier control por parte del resto.