onfieso que me he quedado un tanto perpleja escuchando a Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, argumentar su voto contrario a la apertura de una comisión de investigación sobre los supuestos negociosde Juan Carlos I. No creo que la posición del PSOE sea una sorpresa para nadie, pero me llama la atención que una diputada, portavoz de su grupo parlamentario -lo que le da un punto extra de galones-, razone al respecto con soltura que las Cortes no están para controlar a la monarquía. Dicen los letrados de la Cámara que la Constitución otorga al jefe del Estado una inviolabilidad con “efectos jurídicos permanentes”. No sé si esta posición contradice a la de la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero los letrados del Congreso saben infinito más sobre Constitución que una humilde servidora; yo quiero ir un poco más allá, a la paradoja, creo, de que una democracia parlamentaria permita que su constitución deje al margen del equilibrio y control de los poderes a una de sus instituciones que, aunque sin poder ejecutivo -que, como recordaba Lastra, recae en el Gobierno- no deja de ser la jefatura del Estado. Estado (subrayo). El rey no es el presidente de EEUU o el de Francia, no tiene sus poderes, pero sí es una institución ¿o no? Y, por cierto, no sé si se le hace mucho favor a futuro de esta manera.
