a crisis provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania precisa de la intervención coordinada de las instituciones con el fin de paliar sus graves efectos sobre las familias, las empresas y, en general, sobre la economía y que amenazan la recuperación pospandemia. La proyección e implementación de estas medidas deben tener dos objetivos prioritarios. Por una parte, atender con carácter urgente a las necesidades más imperiosas generadas muy directamente por esta nueva crisis tanto en la ciudadanía como en el tejido productivo. Por otra, afrontar problemas más estructurales detectados tras estas traumáticas experiencias vividas, de cara a abordar la cada vez más acuciante necesidad de una gran transformación social y económica para el relanzamiento socioeconómico. En este sentido, y a falta de que el Ejecutivo español concrete la ejecución de sus anunciados planes, el Gobierno Vasco presentó ayer diversos proyectos orientados a cubrir tanto los objetivos de “rescate” social y económico como los estratégicos, dotados de iniciativas concretas, objetivos y financiación para llevarlos a cabo. El Consejo de Gobierno liderado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, aprobó, así, los fondos de 200 millones de euros que anunció el viernes en el Parlamento Vasco, muchas de cuyas propuestas fueron acordadas, para disgusto de EH Bildu, entre los socios del Ejecutivo, PNV y PSE, con Elkarrekin Podemos y PP. Son fondos de ayuda a familias y personas vulnerables -también para los refugiados ucranianos que llegan a Euskadi- así como a empresas y micro-pymes, además de programas para garantizar la liquidez y el mantenimiento del empleo. Asimismo, y con carácter más estratégico a medio-largo plazo, el Gobierno aprobó un ambicioso plan de empleo de más de 2.000 millones de euros con el objetivo de incentivar 80.000 puestos de trabajo y la recualificación de casi 50.000 parados de larga duración, en línea con el objetivo de relanzamiento socioeconómico de Euskadi. Medidas diseñadas con la mirada puesta en un corto-medio plazo y que buscan paliar no sólo los efectos más inmediatos que está teniendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino también aquellos que dejarán huella mientras se mantenga el ataque. Solvencia en la gestión social y económica posible al compás con el resto de instituciones vascas como diputaciones y ayuntamientos.