eptiembre es cada año el mes del Alzheimer, un tiempo dedicado a trasladar a la opinión pública el alcance de esta enfermedad y, este año en especial, a reivindicar el diagnóstico precoz como clave para iniciar el abordaje integral de la enfermedad. También, un año más, a insistir en la labor y el papel de los cuidadores -y sobre todo de las cuidadoras-, muchas veces vinculadas de forma directa al entorno familiar y personal del enfermo. Unas 40.000 personas en la CAV y más de 7.000 en Nafarroa sufren esta cruel enfermedad, aunque el número de afectados puede duplicarse para 2050, lo que supone un reto mayúsculo para la sociedad vasca. Un mayor respaldo de la Administración, más atención, más recursos directos, aumento de plazas en los centros específicos, incremento de las partidas para investigación, atención sociosanitaria integral a los enfermos y a sus cuidadores y una revisión de la Ley de Dependencia devaluada en sus prestaciones y servicios que agilice los trámites y garantice una adecuada asistencia, son algunas de las demandas de los familiares de los enfermos de Alzheimer y los profesionales. Y la petición de que la apuesta por la evaluación temprana debe ir acompañada de la generación de espacios donde los afectados por demencia puedan prolongar su independencia y sus procesos de toma de decisiones. Son muchas y muy amplias las necesidades personales y sociales que genera esta enfermedad. La crisis económica primero y la crisis sanitaria ahora por la pandemia del coronavirus han venido a agravar la situación. No es un mal menor. Por la propia evolución demográfica de nuestra sociedad, la esperanza de vida va en aumento, lo supone que enfermedades de tipo degenerativo asociadas en buena medida a la edad incrementarán su incidencia. Es el caso del Alzheimer, una enfermedad con una idiosincrasia dura para el enfermo y su entorno, que además ha de hacer frente a la degeneración de la enfermedad de un ser querido y su progresiva conversión en una persona dependiente, con el vuelco familiar que eso supone. De ahí la necesidad de adoptar estrategias dirigidas a prevenir la enfermedad, retrasar su incidencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes, una meta que comparte toda la sociedad y precisa de una fructífera colaboración público-privada.