Editorial

Inseguridad y garantías

17.07.2021 | 00:46

A medida que se profundiza en el debate sobre las decisiones judiciales en torno a las medidas restrictivas contra la pandemia se hace más evidente la necesidad de unificar criterio y adaptar legislación

Los ecos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el uso del estado de alarma para combatir la pandemia covid-19 no se apagan y se le suman otras decisiones judiciales discrepantes entre sí que se van acumulando y retratan un auténtico guirigay. Los tribunales superiores de Cataluña y Cantabria han acogido la implantación de toques de queda y respaldado a los gobiernos de ambas comunidades en decisiones que son posteriores al pronunciamiento del TC. El mismo escenario está por definir en Navarra. Pero la discrepancia interpretativa entre los jueces es tan evidente que ayer mismo el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, eludía interpretar anticipadamente la decisión que pudiera adoptar el Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pero dejaba constancia de que, a su criterio, resulta muy complicado mantener restricciones como el toque de queda sin un estado de alarma. El estamento judicial está sometido a una pugna interpretativa de la que no puede salir nada bueno porque no le compete. El criterio del juez es soberano pero la norma tiene que ser suficientemente clara para evitar la inseguridad jurídica que campa a sus anchas en el último año. Al Tribunal Supremo le corresponde unificar ese criterio –no al Constitucional–. La provisionalidad y profunda ideologización del mismo es un lastre grave para resolver ese bucle de interpretaciones divergentes. En este marco, el principio de preservar las garantías de derechos fundamentales se esgrime hasta la incongruencia, como si el derecho a la salud no fuera uno de los afectados individual y colectivamente por la amenaza de la pandemia covid-19. Hacer abstracción de este hecho pretende justificar las limitaciones judiciales al ejercicio del poder ejecutivo en defensa de la ciudadanía y con ello se cae en el absurdo de someter la seguridad de esa ciudadanía al albur de una desregulación que, si bien no es atribuible al poder judicial, en su mano está interpretarla en función de las circunstancias reales y no de las teóricas. En todo caso, el debe principal de esta carencia de estabilidad lo tiene el ejecutivo español en tanto ha sido incapaz de liderar, consensuar y aprobar mecanismos legales que llenen el vacío legal ante un escenario sobrevenido pero que dura ya demasiado. Las normas sanitarias son la base de ese camino pero su reforzamiento es imprescindible, como ha hecho el Gobierno y el Parlamento vasco con la Ley antipandemia.

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