l conjunto de la ciudadanía vasca vivirá a partir de hoy bajo las nuevas restricciones adoptadas el viernes por el LABI con el objetivo de frenar el preocupante incremento de contagios de covid-19, cuya incidencia se ha desbocado en las últimas semanas. Estas medidas, unidas a las anteriormente vigentes, suponen para todos una dura limitación de la movilidad y de los encuentros sociales y familiares. En concreto, todos los municipios vascos, al margen de su tasa de incidencia, están desde hoy cerrados perimetralmente, con lo que no se podrá salir ni entrar ni siquiera al colindante salvo excepciones justificadas, y las reuniones se restringen a un máximo de cuatro personas. Además, los municipios en zona roja tienen cerrada la hostelería desde el pasado viernes. La situación es de gravedad extrema. El altísimo número de nuevos contagios -desde el miércoles se han superado los mil diarios, salvo ayer, aunque con menos pruebas PCR realizadas-, la incidencia acumulada -con la CAV en zona roja-, la tasa de positividad por encima del 8% y la cada vez mayor presión hospitalaria -los pacientes en UCI son ya 120- dibujan un escenario insostenible en el tiempo que obligaba a la toma de medidas drásticas. Más duras aún incluso que las finalmente adoptadas, aunque la posición del Gobierno español al desoír a la gran mayoría de las comunidades autónomas y negarse a modificar el estado de alarma lo impidió. Por todo ello, resultan aún más insólitas e indignantes las actitudes y comportamientos insolidarios -también de quienes se cuelan en la vacunación-, irresponsables y sumamente peligrosos de una ínfima parte de la ciudadanía -se han interpuesto 76 propuestas de denuncias por incumplimientos este fin de semana- pero que repercuten en el conjunto de la sociedad, ponen en riesgo la salud y la vida de todos y deterioran la convivencia. Más incomprensibles aún son las conductas violentas y las agresiones a la Ertzaintza por parte de grupos, algunos “organizados” según el Gobierno Vasco, que se niegan a cumplir las normas. Y también de quienes, por acción u omisión, les amparan y legitiman. Cumplir las medidas por duras que sean es una obligación ciudadana y cívica, un deber social y ético y la única actitud responsable y solidaria. Cumplir y hacer cumplir estas normas no solo incumbe a los agentes de la Ertzaintza, sino a todos.