a adopción paulatina de nuevas medidas restrictivas en todo el Estado, incluso más radicales que las últimas decididas en Euskadi como, por ejemplo, el cierre absoluto de la actividad hostelera en localidades de La Rioja; también en Europa, con alta probabilidad de nuevo confinamiento en Francia y cierres en Alemania, no hace sino confirmar la gravedad de los niveles de transmisión del SARS-CoV-2 y su afección tanto a la salud pública como a la capacidad de respuesta sanitaria a la misma. La OMS lo ha reconocido al advertir de una semana récord de contagios desde el inicio de la pandemia y confirmar que ya se han superado los 43 millones de casos y 1,15 millones de fallecimientos en todo el mundo. Once meses después de que oficialmente se conociera la existencia del coronavirus en China y camino del octavo desde que la realidad de la amenaza se aceptara en el Estado español, los avances científicos frente a la covid-19 no son suficientes y si acaso solo esperanzadores y la práctica médica se podría decir que únicamente se ha beneficiado de la experiencia, en captación de medios y desarrollo de tratamientos, de lo padecido en los meses de marzo y abril. Todo ello viene a ratificar la necesidad, más bien obligación, de fiar la respuesta de gobiernos y sociedades a la limitación de los contactos y la restricción de movimientos, con todos los riesgos que conlleva para la actividad económica y, como resultado, el bienestar social; también con la dificultad intrínseca de extender en el tiempo las exigencias e impedimentos planteados a la vida de unos ciudadanos que no terminan de comprender los motivos de la impotencia o incapacidad global frente al coronavirus. De esa incomprensión han surgido ya actitudes y opiniones refractarias e incluso actos de protesta callejera como los de los últimos días en Oviedo, Barcelona, Girona, Valladolid o Sevilla en el Estado; en Roma, Milán y Turín en Italia; en Constanza, Munich, Berlín en Alemania; o en París. Protestas, además, no siempre exentas de interés ideológico y en casos azuzadas desde sectores que cuestionan las legitimidades del estado democrático. De ahí que de las instituciones y de quienes encauzan la opinión pública, especialmente medios de comunicación, se demande acompañar la normativa de las restricciones de una enorme claridad, absoluta ejemplaridad y grandes dosis de pedagogía que ayuden a su comprensión pese al cansancio de aquellos a quienes se dirigen.