ucesivamente asistimos a insistentes llamamientos de los dirigentes europeos a sus ciudadanos para que pongan en marcha una suerte de autocontrol al objeto de combatir la pandemia de coronavirus con la herramienta más próxima y más útil: la responsabilidad individual. Sin ella, no es posible apelar a la responsabilidad colectiva. Desde Emmanuel Macron al lehendakari Urkullu, desde el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a la canciller alemana, Angela Merkel, que ayer mismo instaba a sus ciudadanos a quedarse en casa. En casos como el francés o el alemán, coincidiendo con las vacaciones de otoño en sus escuelas, se está pidiendo a la ciudadanía que haga renuncias en términos de disfrute personal en favor del bienestar colectivo. El retrato de este momento sitúa a los ciudadanos de las democracias más consolidadas ante el reto de asumir su papel en la estabilidad del modelo de convivencia. A superponer la limitación del uso de lo que ya hemos consolidado como derechos, como la movilidad, y evitar que la cercanía de un puente festivo sea sinónimo de desplazamientos. La situación es excepcional. Lo lleva siendo tanto tiempo que es lógico que cueste un esfuerzo suplementario renunciar a hábitos que están muy interiorizados. Pero no hacerlo solo puede desembocar en el siguiente paso de la relación de los gobernantes con sus administrados: la imposición de normas. Cuando estas hablan de limitar movimientos o prácticas en las que normalmente no se inmiscuye el Estado por ser habitualmente privadas, se abre la espita de un terreno de juego amplio para los discursos más populistas. La insatisfacción es el caldo de cultivo de los mensajes que recriminan a las administraciones tanto sus dificultades para prevenir como sus medidas para hacerlo. En Euskadi hoy se aplican medidas más estrictas que afectan a esos ámbitos de la vida privada y la actividad económica de sectores muy castigados. Que sirvan para contener la transmisión comunitaria de covid-19 tiene a partir de ahora mucho más que ver con el desempeño personal que con las estructuras sanitarias o de seguridad. No puede, ni debe, haber un policía detrás de cada ciudadano. Las renuncias que se nos piden son evidentes pero a la vez muy necesarias como único modo de evitar recortes mayores en favor de la salud colectiva. Esta es un derecho fundamental a preservar. Ir de puente, no.