l confinamiento de León y Palencia durante 14 días, ordenado por la Junta de Castilla y León ante el incremento de contagios; el primer día laboral del cierre de Madrid, decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez pese a las reticencias y resistencia, incluso en los juzgados, del ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso; la imposición del estado de máxima emergencia en París, con cierre de colegios y negocios en nueve zonas, y en tres departamentos colindantes; el aumento de restricciones en Londres, Nueva York... Las informaciones sobre la situación de la pandemia a nivel global y los pretendidos progresos en su control suponen un severa advertencia respecto a la relajación en las medidas preventivas, también un nuevo llamamiento a la responsabilidad individual. Si en Euskadi la situación es hoy diferente tras veinticuatro días consecutivos, desde el 11 de septiembre, con el número reproductivo básico -indica el número de contagios por infectado- por debajo de 1, y los últimos dieciséis con un porcentaje de positivos por PCR en torno o inferior al 5%; se debe en gran medida al sistema de diagnóstico, rastreo y control desarrollado por Osakidetza pero también al compromiso en las medidas higiénicas y de distanciamiento social que ha mostrado y muestra la gran mayoría de una sociedad vasca que, no cabe olvidarlo, fue una de las más afectadas en el Estado por la covid-19 en un principio. Y precisamente por ese esfuerzo social generalizado, también económico desde las instituciones, además de por las ya evidentes consecuencias de la pandemia en el bienestar y desarrollo -más de 74.000 empresas han cerrado en el Estado español desde marzo y 1.547 negocios y pymes vascos desaparecieron entre marzo y julio- alcanzados durante décadas, no cabe tolerancia alguna con actitudes como las que se han producido puntualmente con las no fiestas en algunas localidades y otras reuniones de ocio principalmente nocturno, las últimas este pasado fin de semana en Agurain e Irun con obligada intervención de la Ertzaintza. Más allá de la imposición de sanciones o de la actuación policial cuando se producen comportamientos que constituyen un evidente riesgo para la salud pública, es la propia sociedad, incluyendo los sectores de la misma más concernidos o más cercanos a quienes egoistamente ignoran su responsabilidad, la que debe optar por la recriminación y la denuncia.
