a no admisión a trámite de la petición de varios grupos de la oposición en el Congreso para que el Gobierno español explique en sede parlamentaria los detalles de la fuga de Juan Carlos de Borbón es el último capítulo de la complicidad de los principales partidos españoles con las andanzas del rey emérito en perjuicio de la transparencia que en estos tiempos exige la ciudadanía a todos los poderes públicos. ¿Quién ha costeado el viaje?, ¿quién va a sufragar su estancia en su nuevo destino?, ¿su seguridad personal corre a cuenta de las arcas públicas? Las preguntas se amontonan pero las respuestas se escomotean. Tres formaciones políticas (PSOE, PP y Vox) que se aborrecen y que son incapaces de sumar fuerzas en asuntos primordiales para el bienestar de los ciudadanos hacen piña para seguir protegiendo en pleno hundimiento al símbolo del régimen del 78. La confirmación desde la Casa Real de que Juan Carlos de Borbón se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de agosto, día en que huyó de incógnito, se pretende que sea un paso para rebajar la tensión que ha originado sobre Felipe VI y la Corona estos 15 días el despropósito que ha supuesto la marcha por la puerta de atrás de quién aún es ex Jefe del Estado, rey emérito y capitán general del Ejército. Pero no parece fácil que una información que llega tarde y forzada por la opinión pública vaya a ser suficiente para que el nivel de la tensión política, institucional y social que se centra ahora sobre la Monarquía vaya a dar el respiro que pretenden con la divulgación de su paradero. Entre otras cosas, porque el destino elegido por Juan Carlos es sólo una confirmación más del alcance de las andanzas y salchuchos que le han llevado a esta situación de exilio forzado a la desesperada. Que tras 15 días de alimentar las especulaciones haya reaparecido en un lugar de las resonancias que tiene precisamente una de las dictaduras del Golfo relacionada con los regalos, comisiones, investigaciones judiciales e informaciones periodísticas que le persiguen hace años no hace sino abonar la veracidad de todo lo que se ha conocido. Ese destino simplemente alimenta que es un refugio en el que guarecerse de posibles complicaciones posteriores en el ámbito judicial y político. Las últimas acusaciones de Corinna Larsen anticipan que la bomba de relojería de su testimonio ha entrado en la cuenta atrás, y mientras, un caduco grupo de ex políticos pretende resucitar el prestigio alimentado a base de imponer un tabú, bajo amenaza penal, que ahora les ha estallado en las manos.
