a cumbre de la Unión Europea parece haber sido capaz de desatascar el empate infinito entre quienes abogan por actuar con contundencia frente a las consecuencias más que evidentes del parón económico derivado de la pandemia y quienes aún entraron en la reunión convencidos de que el impacto económico en los demás no les alcanzaría tan intensamente como para sumarse al plan de reconstrucción colectivo. Los más reluctantes han recibido garantías adicionales de que la ayuda económica a las economías europeas más castigadas no servirá para reforzarlas en los sectores de su interés o inflar artificialmente su PIB. Las ayudas deben estar disponibles antes de que acabe el mes de julio porque el impacto del verano sobre la actividad económica no entiende de fronteras y la caída del comercio de mayor valor añadido, el industrial, obligará a remontar en otoño desde más abajo. El impacto en empleo puede ser dolorosísimo y así lo advertía también la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Las experiencias de los rebrotes de la enfermedad del coronavirus en Alemania o en China acreditan además que la guardia debe permanecer alta y que con las medidas de prevención adecuadas se puede minimizar la extensión del problema. En consecuencia, el tiempo y los hechos han dejado desacreditados los debates sobre la oportunidad de retomar la actividad económica en cuanto las medidas de control empezaron a funcionar y se definieron pautas para compartir la difusión de la enfermedad. Hoy nadie se plantea ya la eventualidad de que regrese el encierro, probablemente ni siquiera en un rebrote violento de casos en la medida en que los procedimientos de detección, aislamiento y respuesta sanitaria se han perfeccionado. Hay herramientas para convertir la convivencia con la enfermedad en un ejercicio de vigilante responsabilidad sin que eso implique, automáticamente, abandonar los únicos factores que actualmente sustentan el modelo de bienestar: la producción y el consumo. Recuperar la economía, proteger el empleo, restaurar la I+D+I a niveles superiores de mejora continua y consolidar una apuesta ambiciosa por la formación deben orientar las agendas gubernamentales porque son el único modo de minimizar el impacto social cuando terminen los subsidios.
