a confirmación ayer por boca del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga -que, según matizó, espera que sea “la última”- del estado de alarma con una duración estimada de un mes y ya hasta el final del periodo de transición vino acompañada del esperado anuncio de lo que el líder socialista denominó “desescalada institucional”. Una vía que abre una nueva etapa de intensificación de la cogobernanza, la coordinación y el fin del mando único para abordar la llegada a la nueva normalidad. Siendo discutible la necesidad absoluta de continuar con la vigencia del estado de alarma -que, en su caso, puede ser imprescindible para mantener la restricción de la movilidad-, el anuncio de Sánchez de que en adelante será flexible y asimétrico y con la posibilidad de que se levanten las restricciones en aquellos territorios en que sea posible en función de su situación epidemiológica y sanitaria hace aflorar otras posibilidades de gestión de mayor respeto a los derechos y libertades. Otro tanto puede decirse de una decisión de gran calado como es la devolución a las comunidades autónomas de las competencias que les fueron arrebatadas con la imposición del mando único hace dos meses. La desaparición de los ministerios de Interior, Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como autoridades delegadas a cuyas órdenes estaban, en función del estado de alarma, los correspondientes departamentos autonómicos supone el cumplimiento de las demandas que tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el Gobierno Vasco y otros ejecutivos han realizado durante las últimas semanas, por cuanto suponía una apropiación de competencias propias y un menoscabo del autogobierno. Un gesto que, obviamente, entronca con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y el PNV el pasado 6 de mayo para una gestión pactada y mediante la cogobernanza de la desescalada y también con la imperiosa necesidad de Sánchez de atar apoyos para poder aprobar la nueva prórroga de un mes en el estado de alarma. En cualquier caso, se trata de un paso en la buena dirección hacia esta nueva fase en la que las autonomías recuperan parte de su esencia para ejercer una gestión pegada a su realidad mediante el diálogo y el consenso, fórmula que nunca debió ser ignorada en el modelo adoptado por Sánchez.