Las dificultades del presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, en la negociación en Bruselas con los 27 estados miembro del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 se podrían considerar la primera consecuencia del brexit debido a la quita que este supone en los ingresos europeos para ese periodo. Sin embargo, reducir el problema a la salida de Gran Bretaña sería una visión demasiado parcial cuando la aportación británica es apenas una parte, no demasiado grande en proporción, de las diferencias de criterio. De hecho, la propuesta de Michel de dedicar al presupuesto comunitario el 1,074% de la Renta Nacional Bruta (RNB) ya rebajaba en 36 billones los 1.130 del 1,11% que planteó inicialmente Juncker -y rechazaron los estados- hace dos años y que por su parte ya era en sí una rebaja (52 billones) del 1,16% del periodo 2014-2020 mientras la reducción de ese presupuesto de Michel al 1,03% de la RNB que defienden Suecia, Dinamarca, Austria y Países Bajos y hasta cierto punto Alemania y Finlandia supondría 45 billones menos, es decir, 97 billones menos que en el septenio anterior, o 14 billones al año. Así que la realidad, más allá del brexit, es que la cumbre europea iniciada el jueves viene a ser la enésima constatación de la preponderancia de los intereses estatales en la UE y de la falta de un objetivo común más allá de la rentabilidad, contante y sonante, que para las economías estatales tenga la pertenencia a la Unión. De ahí las diferencias con los cheques compensatorios, como los que disfrutaba Gran Bretaña y a los que se niegan a renunciar daneses, holandeses, austriacos... O la limitación del recorte previsto en la Política Agraria Común (PAC) a 375.000 millones que habría logrado Francia -y que beneficia al Estado español- pendiente de que el acuerdo se extienda al total de ámbitos de la negociación. O el debate respecto a los fondos de cohesión y su recorte en un 13%, rechazado por los países del Este. Todos esos retoques del proyecto presentado por Michel se motivan en la política interna de los estados pero repercutirán en las posibilidades de la UE para enfrentar los retos comunes que ha planteado la Comisión de Von der Leyen, incluidos los de seguridad, transformación digital, inmigración y cambio climático. Y desoyen, por cierto, a un Parlamento Europeo que sin embargo nunca ha rechazado las cuentas acordadas por los estados.