El terrible asesinato de una mujer de 28 años y de su hija de tan solo tres a manos, presuntamente, de su pareja, un hombre de 27 años, en la localidad de Esplugues de Llobregat abrió ayer la siniestra lacra de víctimas de la violencia machista de 2020 en el Estado español. Dos nuevos crímenes de género que vienen a corroborar el trágico repunte de este terrorismo dirigido contra las mujeres por el mero hecho de serlo y que se cobra también las vidas -como en este caso- de niños, asesinados también con el único objetivo de hacer daño a sus madres. Durante el pasado año 2019, fueron 55 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, a las que hubo que sumar tres niños, lo que supuso la cifra más alta desde 2015, confirmándose el incremento de la violencia de género pese a todas las medidas adoptadas. En este sentido, hay que destacar que el pasado 28 de diciembre se cumplieron quince años de la aprobación de la histórica Ley 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma pionera y en cierto modo audaz que trataba de abordar las agresiones machistas desde un punto de vista global y que por primera vez definía la violencia machista como estructural y específica contra las mujeres, lo que, al mismo tiempo permitía tipificar de manera específica estos delitos desde el punto de vista penal, tenía la gran virtud de suponer un extraordinario soporte para miles de mujeres víctimas. De hecho, desde su entrada en vigor, más de millón y medio de mujeres han denunciado la violencia practicada contra ellas por ser mujeres. Pese a ello -y con la evidencia de que la Ley no ha logrado frenar los asesinatos y las agresiones-, en los últimos meses ha tenido lugar una agresiva campaña social y política de corte negacionista por parte de sectores sociales de la derecha y, sobre todo, por la ultraderecha espoleada por los éxitos electorales de Vox y su blanqueamiento institucional y mediático. Un hecho grave, que está poniendo en riesgo los consensos alcanzados y amenaza con eliminar algunas de las medidas de protección a las mujeres, de prevención de la violencia, asistencia a las víctimas y penalización de los agresores. El nuevo Gobierno PSOE-Podemos que se pondrá en marcha tras la investidura de hoy debe asumir el reto de fortalecer el consenso contra la violencia machista y la toma de decisiones y medidas para eliminar esta lacra criminal.