El proceso de investidura de Pedro Sánchez se está volviendo una montaña rusa de sensaciones y preocupaciones. Comenzó lanzado al largo plazo, sin prisa aparente por concretar la constitución de un Gobierno salido de un escenario electoral fijado un 10 de noviembre. Pese a la velocidad del primer pacto de investidura rubricado con el abrazo del propio Sánchez y Pablo Iglesias en apenas unas horas tras el dictamen de los votantes, los tiempos políticos han estado definidos por los hitos judiciales en torno a los líderes del procés catalán. Nada, no obstante, imprevisible en la agenda de los responsables políticos encargados de cerrar la viabilidad de un gobierno del PSOE y Podemos con los apoyos externos necesarios y suficientes, que solo pueden ser de las fuerzas nacionalistas vasca y catalanas. Las urgencias que animaban a contar con una investidura antes de fin de año fueron en cierto modo más un estado de ánimo que una necesidad real. Nada exigía rubricar el proceso antes de nuevo año y nada obliga ahora a precipitar el pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la sentencia europea relativa a la inmunidad de Oriol Junqueras. El margen de la Abogacía hasta el día 2 de enero existe y no condiciona temporalmente más de lo que la propia evolución de la negociación entre el PSOE y los nacionalistas pueda retrasar. Esa semana más o menos para materializar la investidura de Sánchez carece de importancia en comparación con los objetivos de la legislatura. Ese es el aspecto que debería estar centrando el tiempo para que no sea perdido. Desde una perspectiva vasca, la legislatura debería servir para cerrar la grieta de las transferencias pendientes y sentar las bases de un puente hacia la futura estabilidad de las relaciones mediante un camino de mutuo reconocimiento interinstitucional que está por asfaltar. Los principios democrático, de legalidad y de convivencia exigen transitar ese camino al próximo presidente español. Además, la necesaria reactivación de las políticas económicas en el Estado no es en absoluto ajena a la realidad del país, puesto que es el destino de principal de la actividad productiva vasca. Las políticas energéticas son también prioritarias por la doble urgencia de la competitividad industrial y la sostenibilidad ambiental. Con tanto para qué, el cuándo es lo de menos.