Instituciones y organizaciones sociales presentaron ayer públicamente, bajo la presidencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, el Pacto Social Vasco para la Migración, un gran acuerdo de país que por su trascendencia, significado y necesidad objetiva podría asimilarse a un pacto de Estado. Una alianza estratégica que ofrece una respuesta compartida y unitaria a uno de los grandes retos a los que se enfrenta en estos momentos la sociedad de Euskadi. La migración es un fenómeno creciente y que se ha hecho presente, de manera relevante y positiva, en nuestra vida. Por ello, la defensa de una sociedad compuesta por personas provenientes de culturas diversas, abierta, tolerante y que apueste por la convivencia y el enriquecimiento mutuo es básica para lograr la mayor cohesión posible, el bienestar general y el bien común. En este sentido, los últimos datos aportados por la investigación efectuada por el Observatorio Vasco de la Inmigración, Ikuspegi, apuntan a una aceptación mayoritaria de la inmigración y de los inmigrantes por parte de la ciudadanía vasca, no exenta, sin embargo, de algunos prejuicios y prevenciones. En los últimos tiempos, además, diversas organizaciones y partidos políticos de tendencia ultraderechista han agitado de manera irresponsable y por motivos espurios los sentimientos xenófobos haciendo bandera mediante mensajes populistas y demagógicos de los presuntos e infundados riesgos que acarrearía la inmigración. Frente a ello, el Pacto Social Vasco compromete a todos “a mantener una unidad social, institucional y política que haga efectivo el peso de la mayoría democrática”, tal y como afirmó ayer el lehendakari. Sorprende, por ello, que algunos agentes sociales y políticos hayan rechazado suscribir este acuerdo de país. Especialmente significativo es el desmarque explicitado por el PP en la CAV, que más allá de enmarcarse en una evidente estrategia de desgaste del Gobierno vasco mediante la oposición total a toda iniciativa del Ejecutivo Urkullu -desde los Presupuestos al nuevo estatus, pasando por el uso del euskera, la educación, la sanidad o la inmigración- revela actitudes y posicionamientos que son, precisamente, los que este gran Pacto social busca atajar para evitar cualquier pretensión de obtener ventaja política de un asunto de relevancia social y especialmente sensible que afecta a personas en situación de vulnerabilidad.
