En la grave crisis política de Bolivia que ha enviado a Evo Morales al exilio de México, sitúa como presidenta interina sin apoyo del Parlamento a la senadora Jeanine Áñez y sume al país en una peligrosa inestabilidad es preciso diferenciar dos etapas: la de los errores del ahora exiliado presidente y la de sus consecuencias con la rueda de prensa en la que el jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, hizo la “sugerencia” de dimisión al exiliado presidente. La deriva de Morales, quien apoyado en las comunidades indígenas (37% de la población) había logrado el 54% de los votos en su primera elección y más del 60% en sus dos reelecciones tras lograr el mayor crecimiento económico de Sudamérica durante una década, no es nueva en un país que ha sufrido procesos degenerativos similares tras los mandatos de Paz Estenssoro en los 50 y más recientemente de Siles Zuazo en los 80, y cuya historia se salpica de golpes de Estado -René Barrientos, Hugo Bánzer, García Meza...- y militares reconvertidos en gobernantes. Sin embargo, que Morales ignorara su derrota, aun exigua, en el referéndum de 2016 que planteó para modificar el art. 168 de la Constitución y eliminar el veto a su cuarto mandato y las decisiones tomadas a continuación (nombramientos y dictámenes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral) para poder presentar su candidatura fueron el origen de un descontento creciente que la constatación por la OEA de irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre acabaron por convertir en crisis sociopolitica incontenible. No es ajena a su desarrollo la Policía, posicionada contra Morales desde que no fue incluida en la orden que permite la jubilación con el 100% del sueldo a los militares, ni tampoco la omnipresente empresa estatal YPFB, renacionalizada, y el hecho de que Bolivia guarde la segunda mayor reserva de gas de Sudamérica en Tarija y una de las mayores reservas de litio del mundo en el Salar de Uyuni. Ahora bien, ni el exilio de Evo, ni la presidencia de Áñez -el ahora opositor García Meza ya tuvo que renunciar en 2005 tras una proclamación similar sin apoyo del Parlamento- ni la supervisión militar solucionan una crisis que se nutre de las diferencias sociales bolivianas y que exige, en todo caso, la repetición de elecciones con suficiente garantía internacional que Morales, antes de verse obligado al exilio, ya había aceptado.