La aprobación por el Gobierno en funciones en plena campaña electoral -en el último consejo de ministros antes del inicio oficial de la misma- del decreto-ley de medidas urgentes de seguridad pública en el ámbito digital y el compromiso del candidato y presidente en funciones, Pedro Sánchez, de reformar el Código Penal para recuperar el carácter delictivo de la convocatoria de referéndums -que ya aprobó Aznar en 2003 y derogó Zapatero en 2005 tras iniciativa del PNV- definen la depauperación democrática de la política en el Estado y con ella de su ejercicio en las elecciones del domingo. En primer lugar, ambas iniciativas se insertan en la grave, profunda y mantenida crisis política entre el Estado y Catalunya -la primera, con el fin de evitar lo que se denomina “república digital”, es decir, el uso político por el soberanismo de las tecnologías digitales; la segunda, con el del castigo preventivo ante una posible pretensión de la Generalitat de repetir el 1-O- pero se adoptan no como respuesta, necesaria o no, del Estado con el fin de paliar la desafección catalana sino a consecuencia de momentáneas necesidades del partido y candidato en funciones de gobierno respecto a la inclinación del voto que muestran los análisis demoscópicos. En segundo lugar, pese a ese impulso meramente electoral, ambas iniciativas presentan una doble característica común: son innecesarias por cuanto ya existía suficiente legislación al respecto y sin embargo suponen cuando menos una clara amenaza a derechos fundamentales -expresión, opinión, participación política...- preservados en el derecho internacional y en la propia Constitución. En tercer lugar, su tratamiento mediático, amplificado en numerosos medios de comunicación de todo el Estado, ha silenciado el debate y eliminado la necesidad de presentar proyectos para afrontar la prioridad de resolver problemas; en el propio caso de Catalunya y la concepción del Estado y en los de ámbito socioeconómico (pensiones, inmigración, despoblación, desaceleración, infraestructuras...) que serán primordiales también para el Gobierno tras el 10-N. En definitiva, tanto porque antepone el interés partidario al bien común como porque afecta a valores fundamentales y coarta el imprescindible sentido crítico de la sociedad, lo que se produce es un quebranto de la democracia que solo puede ser paliado con el ejercicio consciente y responsable de la misma mediante el voto.
