ualquiera que viva en este país se hace la pregunta: ¿Cómo puede una persona tener una vida digna con 965 euros al mes? A primera vista no presenta demasiada discusión, aunque esto no es óbice para analizar la cuestión desde distintos puntos de vista. El SMI es una intervención pública en el mercado laboral que, según el gobierno de un país, debe percibir cualquier trabajador por cuenta ajena como retribución a su trabajo.

¿A cuántas personas impacta esta medida? Según la Agencia Tributaria, el porcentaje de trabajadores que percibían un salario inferior al SMI en 2019 representaba alrededor del 18,5% del total, aunque es conveniente precisar un poco este dato. La Agencia Tributaria computa en esta lista a cualquier persona asalariada que hubiera ingresado menos de 9.906 euros el año anterior, independientemente de que haya trabajado un mes, seis o el año completo. Por eso los resultados de la encuesta de estructura salarial -que sí anualiza los salarios de las personas- nos pueden dar una mejor perspectiva del fenómeno. En 2018 estimaba que el porcentaje de receptores de salarios inferiores al SMI de todos los trabajadores por cuenta ajena era de 12,5% (unos cuantos puntos menos que en los datos del 2019 de la Agencia). Lo llamativo es que de este 12,5%, quienes estaban a jornada completa eran un 1,5% (el resto estaba en jornadas parciales y/o por horas, de ahí que no alcanzaran el umbral).

Total, fueron 190.000 trabajadores a jornada completa y 1,7 millones a tiempo parcial quienes ganaron menos que el salario mínimo.

Es verdad que las cifras son mucho más modestas de lo que muchos titulares y discursos nos quieren hacer creer, pero eso no quita ni un ápice de la deplorable situación de esas 190.000 personas, aspecto de responsabilidad social fundamental en un país.

Vista la dimensión, resulta conveniente revisar investigaciones que analicen el impacto real de una medida de este tipo, y aquí nos encontramos con conclusiones tanto de uno como de otro signo. En lo que concierne a los impactos positivos del fenómeno que nos ocupa, 1. El incremento del SMI reduce la desigualdad dando mayor nivel adquisitivo/posibilidades a las personas. 2. Contribuye al dinamismo económico. 3. Permite compartir las ganancias salariales derivadas de la negociación colectiva a los trabajadores/as no cubiertos por ella y 4. Puede tener efectos redistributivos de la renta sin tener que realizar esfuerzo fiscal alguno.

En cuanto a los negativos, destacaría un reciente meta-análisis de 588 investigaciones realizado por Jiménez y Jimenez este año 2021 que estudian cómo afecta el SMI al empleo, donde concluyen que el propio concepto de salario mínimo afecta negativamente al empleo tanto en países desarrollados, como en los de desarrollo. ¿Cómo puede ser eso? A continuación resumo algunas conclusiones de investigaciones realizadas de países como Hungría, Reino Unido, Israel o EEUU: 1. En la medida en que los salarios más bajos suelen estar ligados a actividades de poco valor añadido, se ha encontrado relación directa en los incrementos de salarios mínimos con las decisiones de deslocalización empresarial. 2. Los incrementos de estos salarios implican una reducción de los beneficios empresariales, lo que a su vez limita la capacidad de realizar inversiones de las empresas. 3. El incremento de costes que implica para las empresas redunda en incrementos de los precios de los productos/servicios suministrados por estas en el caso de que puedan repercutir al mercado. En su defecto, en una pérdida de competitividad. 4. En algunas circunstancias la subida del SMI ha ocasionado recortes salariales al resto de la plantilla para compensar el incremento realizado a la escala más baja. 5. Se han encontrado evidencias de que el incremento del SMI aumenta las barreras de entrada para que personas paradas puedan encontrar un empleo, en la medida en que desincentiva a las empresas a contratar a personas por su mayor carestía. 6. Se han identificado un incremento de la actividad de economía sumergida derivada de la existencia y de aumentos en materia de SMI.

Un estudio publicado por el Banco de España -ampliamente criticado por sus errores metodológicos- concluía que la subida del salario mínimo provocó un menor crecimiento del empleo estimado en unos 100.000 puestos de trabajo. En mi opinión, y vista la reducida dimensión del colectivo al que nos referimos en relación al total de trabajadores en activo, atribuir cambios de carácter macroeconómicos a esas medidas parece, cuando menos, aventurado.

La cuestión es que detrás de los números hay personas, y lo preocupante es que aquellas de menor rango salarial coinciden con las de más baja cualificación, y a menudo ocupan puestos de trabajo en los que la productividad no es esencial para optar por ellos, siendo circunscritos a puestos de descargo de otros grupos, o como personal de temporada. Recientemente, un comité de expertos contratado por el Gobierno propuso incrementar el SMI entre el 6,5% y el 10,2% de aquí a 2023 como máximo o hacerlo este año mediante un aumento de hasta 18 euros.

Nada que objetar al respecto, aunque destacaría lo fundamental de centrarse en esfuerzos para mejorar la empleabilidad (capacitación y formación) de esas personas. Al final, no tener capacidad o posibilidades para poder ingresar en el ámbito laboral implica desplazarse al ámbito asistencial, cuando no incentivar el cobro de subsidios y/o trabajar en negro.

Vistos los datos, me inclino a pensar que el SMI es una medida que tiene mucho más impacto como fuegos de artificio en los medios que de repercusión económica real. Como tantas y tantas veces, las cuestiones son mucho más complejas de lo que las ideologías de un lado y de otro quieren vender con sus mensajes simplistas.

Mondragon Unibertsitatea. Investigación y transferencia